La mesa redonda “TPF: Current Status and Trends” (Financiación de Terceros: Situación actual y Tendencias), organizada por la consultora financiera y estratégica Accuracy en su sede en Madrid, se enmarca en los debates anuales con compañías del sector de la financiación de litigios. En esta ocasión, los ponentes discutieron sobre la necesidad de regulación impulsada por la Unión Europea, el derecho de acceso a la justicia, la protección de los intereses de las pymes ante la amenaza de salida a nuevos mercados o la urgencia en el control del TPF cuando lleva décadas funcionando en la Unión Europea.
En este encuentro 2023, participaron, moderados por Alberto Fernández Revenga, director de Accuracy: Wieger Wielinga, Managing Director Enforcement & EMEA Omni Bridgeway; Mick Smith, Principal en Burford Capital; Jesús Rodrigo Lavilla, CEO en PLA Litigation Funding; Ignacio Delgado, General Counsel Europe Qanlex; y José Luis Gómara, abogado.
Wieger Wielinga exhortó a que se base la regulación en pruebas empíricas. En relación a los grupos de trabajo de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y a sus iniciativas en relación al arbitraje de inversiones y a la financiación por terceros, opinó que también debería tratarse la posibilidad de sanción por no abonar el importe del laudo. Wielinga hizo alusión a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) tenía una norma, por la que si no se abonaba un laudo del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), no se recibiría más financiación del FMI. “Esta norma no se ha cumplido en absoluto y debería haber consecuencias cuando no se pagan los laudos.”
José Luis Gómara destacó la necesidad de regulación del sector de cara a la transparencia: “Las partes deberían presentar la existencia de un acuerdo con un financiador para evitar los conflictos de interés” en el arbitraje. Para Gomara sería suficiente porque el mercado puede “autorregularse en otros puntos del negocio.”
En el caso de Mick Smith, la clave a destacar es “el principio supremo de acceso adecuado a la justicia.” Abogó por que el negocio de las PYMES posea la libertad para contratar y se apliquen los principios de sentido común. Para Smith el sector de la litigiosidad cambiará, pero debido a los avances tecnológicos y afirma que: “los gobiernos ya han empezado a pensar en esto.”
El debate en relación con la importancia de la financiación de terceros para las pymes congregó el consenso entre todos los ponentes. Todos convinieron en que el acceso al TPF puede ser clave para estas empresas en la protección de sus intereses ante las amenazas de otros mercados.
Jesús Rodríguez Lavilla incidió en que: “No somos el enemigo que hay que ganar, sino el amigo con quién hablar.” Para este experto,” hay diferentes nichos en la industria de financiación de litigios, y cada nicho necesita una solución diferente.” Al igual que Gomara, Rodríguez Lavilla intercedió en favor de la autorregulación como la mejor solución en materia de litigios complejos.
Finalmente, Ignacio Delgado aclaró que no hay ningún problema con la regulación si tiene que ver con la transparencia y para evitar el conflicto de interés: “Lo último que queremos es tener un laudo que al final pueda ser impugnado”. Sin embargo, para Delgado, “la propuesta de Directiva Europea se ha olvidado de escuchar la voz de los profesionales interesados” y no ha tenido en cuenta los diferentes tipos de financiación.
