El Consorcio Vial Costa, formado por una empresa china y una peruana, ha llevado a la Municipalidad de Lima a un arbitraje comercial ante la Corte Permanente de Arbitraje. El arbitraje presentado por el Consorcio se ha conocido en las últimas semanas y decide sobre la controversia el árbitro argentino Gustavo Parodi.
El Consorcio Vial Costa es uno de los consorcios con empresas chinas investigadas por la “Comisión investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas chinas”.
La Comisión en su Informe final de investigación de 21 de junio de 2023 incluye al Consorcio Vial Costa en el proyecto de Construcción de la Vía Costa Verde Tramo Rafael Escardo-JR Viru, Distrito de San Miguel Lima e indica que “No se encontró contrato”. Este proyecto anunció una inversión de 287 millones de soles entre 2018 y 2019 en el proyecto que formaba parte de las obras promovidas para el desarrollo de los Juegos Panamericanos Lima 2019 (ver “¡Atención! Estos son los desvíos que deberás tomar debido a los trabajos de construcción que están realizando para ampliar la Costa Verde desde San Miguel al Callao“, RPP, 17.08.2018)
Según este informe, el Consorcio Vial Costa está formado por Corporación Mayo SAC y China Railway Tunnel Group Co., sucursal en Perú.
La investigación de la Comisión se inició ante las denuncias del acceso directo con el Estado del que gozaron a partir de 2017 empresas chinas. Entre 2018 y 2022, se denuncian: “presuntas organizaciones criminales que se instalaron en el gobierno nacional y en gobiernos regionales” para favorecer a constructoras chinas “en la ejecución de obras y servicios por más de 10 mil millones de soles.”
En el informe citado se argumenta que se favoreció a las empresas constructoras chinas para su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores para “obtener buenas pro para ejecutar obras y servicios en los diversos niveles de gobierno, en forma individual o en consorcio con empresas peruanas, a cambio de obtener dinero ilícitamente, emitiendo los ex presidentes de la república dispositivos legales para “quitar los cerrojos burocráticos”, con el fin de facilitar la participación activa de empresas constructoras chinas en las contrataciones públicas del Estado.”