Real Hearing. Tan real como en el tribunal


La Corporación de Fomento de la Producción de Chile (Corfo) y la compañía estadounidense Albemarle han llegado a un acuerdo para finalizar el arbitraje que ambas mantenían desde 2021 ante la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en relación con el contrato de producción de litio firmado por ambas sobre la concesión del Salar de Atacama.

El acuerdo recién alcanzado por las partes pone fin a las diferencias entre ellas y entrará en vigor cuando el tribunal del arbitraje dicte el laudo que pone fin al procedimiento.

En octubre de 2020 Corfo anunció que abriría un arbitraje contra Albemarle por incumplimiento de una cláusula del contrato de explotación de litio del Salar de Atacama. En el comunicado dirigido a la prensa, Corfo explicaba que: “para esta Corporación, no resulta aceptable que ALB pretenda cambiar lo que fue negociado y acordado por las partes, justamente cuando estos mecanismos de cálculo no resultan convenientes a sus intereses”.

Corfo solicitaba los pagos que Albemarle no habría ingresado como impuestos sobre las ventas de litio y otros del Salar de Atacama, debido a una interpretación de una cláusula del contrato. El arbitraje se inició en febrero de 2021.

A través del acuerdo, la estadounidense pagará más de 15 millones de USD y, además, implica la renuncia de ambas partes a ejercer acciones futuras sobre el cálculo y pago de comisiones que generaron la controversia.

Según el comunicado de prensa publicado por Corfo, las modificaciones más relevantes en el contrato reflejan una serie de “compromisos para avanzar en el desarrollo de tecnologías de producción más sostenibles, estudios y monitoreos ambientales, investigación y desarrollo, y habilitación de proyectos de valor agregado en el país.”

Asimismo, “Albemarle tendrá una opción de aumentar su cuota de producción en la medida que implemente nuevas tecnologías de producción. Una vez que la empresa manifieste su interés de ejercer esta opción, Corfo realizará un proceso de Consulta Indígena con las comunidades del Salar y, luego de ello, la compañía deberá obtener los permisos ambientales y demás autorizaciones o permisos sectoriales que corresponda.”

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