Según un grupo de expertos reunidos por la firma Accuracy en sus oficinas de Madrid la regulación de terceros que pretende llevar a cabo la Unión Europea no es necesaria. Este mecanismo ya tiene sus propios sistemas de regulación en el mercado mundial y la pretendida normativa, que busca un mayor control, no está teniendo en cuenta cómo funciona el sector. Los expertos se preguntaron por qué un tratamiento diferente hacia el TPF y no se pide lo mismo a otras formas de acceder al capital en los mismos conflictos.
En un desayuno de trabajo, la consultora financiera Accuracy reunió en su sede en Madrid a Ignacio Delgado, socio de Legisfund, Jesús Rodrigo Lavilla, CEO en PLA Litigation Funding, Thomas Evans, consejero de Burford Capital, y a Pía Gutiérrez Ugarte, directora no ejecutiva de Amitra Capital y asesora exclusiva de Omni Bridgeway en España, moderados por Alberto Fernández Revenga, director de Accuracy.
El encuentro analizó la petición del Parlamento Europeo a la Comisión Europea de crear una normativa que regule la financiación de litigios por parte de terceros (conocida como Third Party Funding – TPF), con el fin de evitar los abusos que puedan provocar este tipo de financiaciones. Sin embargo, la opinión general de los expertos dejó claro, desde el inicio, que para el sector esta propuesta de directiva no es necesaria y demuestra desconocer el trabajo de los financiadores a nivel mundial.
Para Ignacio Delgado, los usuarios del third party funding ya conocen la protección a la que pueden acudir en el sector. Aseveración que corroboró inmediatamente Thomas Evans para quien la figura del TPF ya está altamente regulada a través de numerosas normas que hacen innecesarios nuevos reglamentos.
Pía Gutiérrez Ugarte mostró la preocupación en un intento de regular que no está apoyado en evidencias: “puesto que la mayor parte de los usuarios del TPF son profesionales sofisticados que entienden perfectamente cómo funciona el sector y acceden también a otras formas de financiación alternativas al TPF”. Gutiérrez Ugarte se preguntó por qué este intento de regular la financiación de terceros sin contemplar otros tipos de financiación como los fondos de inversión libre o hedge funds.
En relación a la posibilidad de limitar el acceso a la justicia si la directiva es aprobada, todos los expertos coincidieron en que habría problemas con aquellos procedimientos de complejidad extrema.
“El mercado de la financiación trabaja con un porcentaje de procedimientos altamente complejos que conllevan un alto riesgo para el fondo”, Jesús Rodrigo Lavilla.
“La directiva limitará la libertad de invertir”, según Jesús Rodrigo Lavilla, quien aportó que: “El mercado de la financiación trabaja con un porcentaje de procedimientos con un potencial alto de riesgo, por lo que la directiva no es buena para aquellos procedimientos internacionales y demandas con un alto grado de sofisticación.”
En pro de la transparencia y de un mismo trato para todo el mercado de financiación
En la ronda de conclusiones, Pía Gutierrez Ugarte expuso su apoyo a la regulación con afán de transparencia, siempre que “no obstaculice la libertad del contrato y no atente contra la libertad de las empresas, porque es muy dificil regular solo una parte del mercado cuando el resto no se va a regular o no puede regularse”. Y especificó que el sector se mueve continuamente con nuevas estructuras, figuras o formas a las que pueden acudir las partes para compartir el riesgo, expresando su apoyo a la iniciativa en tanto en cuanto evite: “el conflicto de intereses y siempre que la regulación esté basada en la evidencia empírica de la existencia de las prácticas abusivas o presiones indebidas que se buscan evitar.”
Thomas Evans ratificó la comodidad del financiador con la política actual que se dirige hacia una mayor regulación en diferentes jurisdicciones para conseguir una mayor transparencia, pero matizó que: “La clave de esta regulación es que se trate de un modelo de transparencia significativa que se base en el compromiso con la industria y se apoye en datos reales.”
“La directiva tendrá un impacto negativo para todas las partes implicadas directamente”, Ignacio Delgado.
Ignacio Delgado, que apoyó las conclusiones de sus contertulios, lamentó la situación sobre la que nace la directiva por: “Intentar hacer una ley sin que haya habido ningún problema real en la industria, al menos en los países de la Unión Europea, lo que significa que la directiva nace de manera ingenua y poco elaborada o pensada.” Para Delgado la nueva norma impactará negativamente en las partes implicadas:
- en los precios y en un menor acceso a la justicia para los demandantes financiados; y
- en un menor flujo y calidad de operaciones para los financiadores.
Rodrigo Lavilla expresó la buena disposición de los financiadores para hablar, para aplicar las mejores prácticas, ya que si no: “estás fuera del mercado”, dada la “gran, sofisticada e intensa competencia” que existe entre los fondos de financiación de litigios. El experto de PLA pidió que: “no se rompa la buena dinámica del mercado con una regulación estricta y sin sentido, desde una perspectiva pragmática”, mostrando la inclinación del sector a “solucionar aquello que no esté funcionando correctamente, si lo hubiera.”
Para concluir, Jesús Rodrigo Lavilla pidió la no discriminación de los financiadores especializados y que la regulación se haga para todos los agentes del sector.
