En 2021, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) registró 66 nuevos procedimientos bajo el convenio CIADI (en 2020 fueron 58) y 20 más bajo reglas distintas (14 UNCITRAL). Entre los datos facilitados por el Centro destacan los números atribuidos a Perú, que en 2021 recibió nueve demandas de arbitraje de inversiones y tiene además otros 13 arbitrajes pendientes.
Perú se consolida como el país más demandado
Perú es el país más demandado. El informe registra nueve procedimientos abiertos en 2021:
- El primer arbitraje de inversiones recibido por Perú (registrado el 4 de enero de 2021) fue el de la holandesa Quanta Services Netherlands, disputa que tiene su origen en 2015, según su Informe Anual de 2019, cuando Redes Andinas de Comunicaciones, subsidiaria de Quanta, celebró dos contratos con una agencia del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú, Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL), para diseñar, construir y operar redes de telecomunicaciones en regiones rurales del Perú. La contraprestación total prevista en esos contratos fue de aproximadamente 248 millones de dólares.
- El segundo arbitraje es el de la compañía de telecomunicaciones española Telefonica que acusa a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, de utilizar actuaciones arbitrarias y discriminatorias en un conflicto que nos retrotrae a 1998, 2000 y 2001 y en el que el 90% del monto en disputa correspondería a intereses. La española sostiene haber cumplido con sus obligaciones respecto al impuesto a la renta.
- APM Terminals Callao SA presentó un arbitraje de inversiones contra Perú después de que en 2017 retirara otra demanda de arbitraje CIADI y de que acabara de resolver otra en una corte doméstica. El contrato de concesión a APM fue firmado en mayo de 2011 para el diseño, financiamiento, construcción, conservación y explotación del Terminal Portuario del Callao.
- La compañía de Dubai Kaloti Metals & Logistics presentó la demanda de arbitraje ante la Secretaría General de CIADI el 20 de mayo de 2021, bajo el sector «Servicios y Comercio» e invocando el incumplimiento del Acuerdo de Asociación Comercial Estados Unidos de América – Perú. Tras la demanda, una investigación por comercio ilegal y blanqueo de capitales.
- En agosto las constructoras españolas ACS, FCC junto a las italianas Impregilo y Ansaldo presentaron una segunda demanda de arbitraje de inversiones ante CIADI por el proyecto del Metro de Lima, después de que un tribunal de la institución condenara a Perú en julio, en relación con el mismo proyecto, por incumplir sus obligaciones contractuales.
- El 23 de septiembre de 2021, la compañía de capital colombiano y peruano Concesionaria Peruana de Vías (COVINCA SA) presentó una solicitud de arbitraje de inversiones contra Perú ante CIADI. La demanda, aunque no se conocen muchos detalles, puede estar relacionada con la construcción de un Nuevo Puente Montalvo y con las pérdidas acusadas por COVINCA ante las medidas tomadas por el Gobierno por la expansión de la pandemia Covid-19.
- La Secretaría General del CIADI registró el 6 de diciembre de 2021 la que es la tercera demanda de arbitraje de inversiones contra Perú en relación al contrato de construcción por la línea 2 del Metro de Lima, concesión integrada por capitales españoles, italianos y peruanos.
- El 10 de diciembre, las compañías francesas VINCI Highways SAS y VINCI Concessions SAS presentaron la demanda de arbitraje de inversiones contra Perú en el CIADI. Ambas compañías, a través de su subsidiaria Lima Expresa (anteriormente Lamsac) en Perú, son concesionarias: de la vía expresa Amarilla, una autopista urbada de Lima que atraviesa tres distritos en nueve kilómetros; y de la Vía de Evitamiento de una longitud de 16 kilómetros.
- La demanda de la española Enagás Internacional SLU fue presentada el 23 de diciembre de 2021 invocando -al igual que en la demanda registrada en julio de 2018- el Tratado Bilateral de Inversiones España-Perú de 1994 y bajo Reglamento de la Convención CIADI. Enagás está presente en Perú desde 2014 con Transportadora de Gas del Perú (TgP), con un 28,94% de participación y Compañía Operadora de Gas (COGA), con un 51%. También cuenta con un gasoducto de 729 kilómetros y un poliducto de 557 kilómetros, que conectan los yacimientos de Camisea -sobre el que el nuevo gobierno de Pedro Castillo anunció una renegociación de las condiciones el año pasado- con los centros industriales de Lima y Pisco y con la planta de licuefacción de Melchorita, única terminal de exportación de gas natural licuado existente en Perú. Asimismo, la gasística española cuenta con el 51% de la Compañía Operadora de Gas (COGA), responsable de la operación y mantenimiento del sistema de transporte de TgP.
Los otros países de América del Sur demandados son Chile y Colombia, que registran dos casos cada uno, y El Salvador y Guyana, uno cada uno.
En relación a otros países de Iberoamérica, México fue objeto de tres demandas de arbitraje y España de dos.
La mayoría de los procedimientos invocaron un tratado bilateral de inversión (un 58%). Europa Oriental y Asia Central, junto a la región de América del Sur son las más demandadas, cada una de ellas con 15 procedimientos.
