El 23 de septiembre de 2021, la compañía de capital colombiano y peruano Concesionaria Peruana de Vías (COVINCA SA) presentó una solicitud de arbitraje de inversiones contra Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
La demanda, aunque no se conocen muchos detalles, puede estar relacionada con la construcción de un Nuevo Puente Montalvo y con las pérdidas acusadas por COVINCA ante las medidas tomadas por el Gobierno por la expansión de la pandemia Covid-19.
En concreto y en relación con el Puente Montalvo, la compañía, en su “Plan de Negocios – Año 2021”, explica que: “A la fecha, existen situaciones fuera del control del Concesionario que afectan en normal desarrollo de la Concesión, siendo estos: · La solución a la problemática de los deslizamientos en el sector de Siguas. · El incumplimiento del Estado Peruano en puesta en operación de peajes en la vía de la Costanera. · La necesidad de entrega de terrenos para la realización integral de las obras.”
Cuatrecasas Gonçalves Pereira (Madrid) y Roselló Abogados (Lima) representan a los demandantes; y la Comisión Especial que Representa al Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Lima, Perú) lo hace en el caso de Perú.
Otras situaciones a ser resueltas entre las partes
COVINCA también expone como ante la declaración del Estado Peruano el 15 de marzo de 2020 de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio junto a otras normas que restringieron derechos de los ciudadanos y de las empresas ante el COVID-19, todo ello impactó: “negativamente en la Concesión, toda vez que han generado una reducción significativa del tráfico del área concesionada, durante todo el año 2020, e incluso durante el año 2021, afectando los ingresos esperados de la Concesionaria, los cuales son la única fuente de pago de las inversiones y obligaciones frente al Estado, bancos, proveedores, personal, y otros.”
Y anunciaba la posibilidad de reclamar ateniéndose al mecanismo establecido en el Contrato de Concesión.
Redacta, asimismo, los efectos negativos de la Ley Nº 31018 que ordenó a los concesionarios de carreteras no cobrar peaje, sin derecho a compensación.
COVINCA el 15 de mayo de 2020 presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial sobre la Ley 31018 y una medida cautelar para la suspensión de los efectos de la Ley hacia Covinca, medida que fue resuelta a favor de Covinca, por lo que reinició el cobro de los peajes.
También presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 31018, que se declaró fundada, pero que, según COVINCA: “no elimina el incumplimiento de lo pactado en el Contrato de Concesión, ni los daños que ha causado el Concedente, al impedir el ejercicio del derecho de cobro claramente pactado en el Contrato de Concesión. En atención a ello, corresponderá que el Concedente compense al Concesionario por los efectos negativos de la norma que ha sido declarada inconstitucional.
