El arbitraje que la compañía Quanta Services Netherlands presentó contra Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) ya tiene tribunal. Los árbitros son la estadounidense Jean Engelmayer Kalicki (presidente), la venezolana Elisabeth Eljuri (designada por la demandante) y la argentina Mónica Pinto (designada por la demandada).
Jean Engelmayer Kalicki ha participado en 30 procedimientos CIADI, en ocho como presidenta; dos como coárbitro; 17 como counsel (ej. Victor Pey Casado v Chile; Industria Nacional de Alimentos, S.A. and Indalsa Perú, S.A. v Peru…); y dos como miembro de comité de anulación.
Mónica Pinto cuenta con experiencia en otros ocho procedimientos CIADI: dos arbitrajes como coárbitro (JGC Holdings v España e IBT Group v Panamá); y cinco como miembro de comités de anulación, incluido el citado ya de Cementos La Unión (ej. Perenco v Ecuador; Dan Cake v Hungría; Italba v Uruguay).
Para Elisabeth Eljuri es el primer procedimiento CIADI. Eljuri es árbitro especializada y consultora en el sector energía focalizada en América Latina. Su experiencia incluye una extensa práctica en arbitrajes internacionales y grandes transacciones a nivel mundial.
El arbitraje Quanta Services Netherlands – Perú
La compañía holandesa, subsidiaria de la estadounidense Quanta Services Inc. presentó el arbitraje ante el CIADI el 4 de enero de 2021, tras un conflicto con el gobierno peruano no resuelto y relacionado con diferentes redes de comunicaciones rurales.
La disputa entre Quanta y Perú tiene su origen en 2015, según su Informe Anual de 2019, cuando Redes Andinas de Comunicaciones, subsidiaria de Quanta, celebró dos contratos con una agencia del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú, Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL), para diseñar, construir y operar redes de telecomunicaciones en regiones rurales del Perú. La contraprestación total prevista en esos contratos fue de aproximadamente 248 millones de dólares.
El proyecto experimentó diversos retrasos relacionados con problemas que Quanta creía estaban fuera del control de Redes y no eran atribuibles a ésta como condiciones relacionadas con el clima, oposición local al proyecto y retrasos en los permisos, imposibilidad de adquirir un título sobre ciertas parcelas de tierra requeridas y otros.
En respuesta a estas demoras, Redes resolicitó y recibió extensiones a ciertos plazos contractuales y alivio por daños y perjuicios relacionados. Sin embargo, en abril de 2019, PRONATEL notificó a Redes alegando incumplimiento de los contratos y rescisión de estos si los supuestos incumplimientos no se subsanaban.
Finalmente, el organismo público rescindió los contratos y ejerció las fianzas de cumplimiento y las fianzas de pago anticipado contra Redes e indicó su intención de reclamar daños.
