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El Transnational Institute (TNI) publica en estos días la 7ª edición del informe: “Impactos de las Demandas de Arbitraje de Inversores contra Estados de América Latina y el Caribe“, un análisis exhaustivo del sistema de solución de disputas inversor-Estado (ISDS) –arbitraje de inversiones– y sus efectos en esta región.

Según el informe, elaborado por las investigadoras del TNI Bettina Müller y Luciana Ghiotto, América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo más demandada con el 28,5% de las demandas ISDS de todo el mundo; los sectores más afectados son minería, gas y petróleo, que representan el 22,4% de las demandas; y los países han sido condenados a pagar un total de 33.629 millones USD.

El documento desglosa todos los datos referentes a los procedimientos internacionales relacionados con:

  • los países con un mayor número de procedimientos perdidos: Argentina copa el primer puesto con 48 demandas resueltas de las que 41 lo fueron a favor del inversor;
  • los resultados de los arbitrajes: el 39% obtuvieron laudo a favor del Estado y el 37% a favor del inversor, un 23% llegaron a acuerdo y en un 2% las partes quedaron en tablas;
  • los costos invertidos en los procedimientos: Venezuela gastó 19.220 millones USD en 26 demandas perdidas;
  • el acuerdo más caro entre partes: Repsol-Argentina por YPF que se cifra en 5.300 millones USD;
  • el laudo más costoso: el de ConocoPhillips contra Venezuela, 8.366 millones USD (actualmente abierta la solicitud de anulación);
  • el menor monto asumido en la historia del arbitraje: el de Aguas del Tunari v. Bolivia, de 0,30 USD;
  • la procedencia de los inversores: 33% estadounidense;
  • los árbitros con un mayor número de designaciones: Brigitte Stern, Horacio Grigera y Albert Jan Van den Berg ocupan los tres primeros puestos;
  • las firmas más elegidas: por los inversores, 1º Freshfields Bruckhaus Deringer, 2º King & Spalding y 3º White & Case. Y por los Estados: Foley Hoag y Arnold & Porter; o
  • las cortes de arbitraje utilizadas.

2023 fue el año en el que más demandas de arbitraje de inversiones se registraron contra países de la región: un total de 28.

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