El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado en una decisión de 25 de enero de 2022 que la Comisión Europea no carecía de competencia cuando consideró ayuda de Estado, incompatible con las normas sobre ayudas estatales en la UE, una indemnización de Rumanía determinada en un laudo de arbitraje dictado basándose en un tratado bilateral de inversión. Asimismo, también ha considerado error de Derecho declarar que la sentencia “Achmea” era irrelevante en el procedimiento.
La indemnización fue concedida a favor de los hermanos Micula y de un grupo de inversores a raíz de un Decreto de Urgencia que estableción una serie de incentivos, basados principalmente en exenciones de impuestos para inversores en el país que se ampliarían hasta 2009. La entrada en el año 2004 de Rumanía en la Unión Europea provocó que el país derogara un decreto que la Unión no consideraba que siguiera sus políticas comunitarias.
Rumanía firmó un Tratado Bilateral de Inversiones con Suecia en 2003 que consideraba el recurso al arbitraje de inversión. Los Micula, suecos, junto a otros inversores invocaron la violación de este tratado y presentaron arbitraje de inversiones contra Rumanía ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en 2005. Los demandantes reclamaban más de 800 millones de dólares en aportaciones de compras o importaciones de maquinaria, materias primas, terrenos, edificios, equipos y medios de transporte para instalaciones de producción de alimentos en regiones desfavorecidas de Rumanía (ver: Micula v. Romana (I), Investment Policy Hub, UNCTAD). El tribunal (L. Lévy, S.A. Alexandrov y G. Abi-Saab) emitió el laudo en diciembre de 2013 y concedió a los inversores una indemnización de más de 116 millones de dólares.
La Comisión Europea, tras un pago parcial de Rumanía, consideró esa indemnización como ayuda estatal incompatible con las normas de la Unión Europea.
En 2015, los inversores indemnizados presentaron varios recursos contra la decisión de la Comisión ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que en junio de 2019 anuló la decisión de la Comisión y dictaminó que el laudo no era ayuda de Estado para los inversores antes de la adhesión de Rumanía a la Unión.
La apelación a esta decisión se presentó ante el TJUE y la Comisión Europea pretendía que se anulara la sentencia del TGUE de junio de 2019. El TJUE ha decidido finalmente en contra de los Micula.
En los parágrafos 136-137, el documento del TJUE explica que: “[…] la sentencia recurrida adolece de errores de Derecho en lo que respecta a la determinación, por un lado, de la fecha de concesión de la ayuda de Estado a la que se refiere la decisión controvertida y, por otro, de la competencia de la Comisión para adoptar dicha decisión con arreglo al artículo 108 TFUE.
Además, el Tribunal General también incurrió en un error de Derecho cuando declaró, en el apartado 87 de la sentencia recurrida, que la sentencia de 6 de marzo de 2018, Achmea (C-284/16, EU:C:2018:158), es irrelevante para el presente asunto.”
