Luis García Armas, inversor español en Venezuela, ha perdido el arbitraje de inversiones iniciado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en 2016, por la expropiación de sus bienes en el sector de la distribución y alimentación en el país. Otro procedimiento de miembros de su familia fue rechazado por falta de jurisdicción en 2019, bajo Reglamento UNCITRAL y administración de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), y otro más, el de Serafín García Armas y Karina García Gruber, que aunque obtuvo un laudo a favor emitido por un tribunal de la CPA, vieron cómo la Corte de Apelaciones de París lo anuló después porque los demandantes, de doble nacionalidad española y venezolana, no tenían la nacionalidad española en el momento en el que hicieron la inversión.