A través de una encuesta a un panel de abogados y árbitros elegido de entre nuestros públicos y directorio relacionados con el arbitraje, la mayoría de encuestados ha elegido como el tema estrella de 2019 la situación vivida en Perú por los árbitros relacionados con los arbitrajes de la trama Lava Jato y Odebrecht, pero, sobretodo, destacando, en prácticamente todas las opiniones, la unión de la comunidad arbitral. Otros puntos a favor es la claridad con la que se ha perseguido la corrupción y la constatación del trabajo que aún debe hacerse para lograr que los jueces comprendan los entresijos el arbitraje.
Este ha sido el tema situado en el número 1 del ránking 2019 del arbitraje “CIAR Global” que han indicado, entre otros, abogados como Alejandro García, Clyde & Co Londres, quien explica que: “la situación de los numerosos árbitros sometidos a proceso en Perú por presuntas conductas delictuales ha remecido a la comunidad arbitral en la región”. De la misma opinión es Aníbal Sabater, de Chaffetz Lindsey, y Pedro Yúfera, de Yúfera Abogados, que destaca el “desconocimiento del procedimiento arbitral por la judicatura”.
La comunidad arbitral más unida que nunca
Raúl Pereira, de Ferrere, da más detalles explicando que: “un juez penal consideró cuestiones básicas del arbitraje, como el cálculo de los honorarios de los árbitros en base al monto en disputa y a la complejidad del caso, como “indicios de soborno”. Esta situación deja en evidencia la falta de preparación de los jueces estatales en la región, por lo que aún deben realizarse esfuerzos para que Latinoamérica se vuelva aun más atractiva como sede internacional de arbitrajes. No obstante, esta situación vivida en Perú también dejó en evidencia que la comunidad arbitral internacional se encuentra más unida que nunca. Importantes instituciones enviaron sus mensajes de apoyo y exigiendo la liberación de estos árbitros, como la CCI, la IBA, el Club Español de Arbitraje, Arbitrator Intelligence, entre otros, así como también los mensajes de renombrados profesionales en las distintas redes sociales.”
En parecidos términos se expresa, Diego Castagnino, árbitro y director legal de Pepsico para Venezuela, Centroamérica y el Caribe, que explica que lo preocupante del caso es que la orden de prisión preventiva desconoció reglas arbitrales internacionalmente reconocidas y aceptadas y a la fijación de honorarios añade el desconocimiento de la posibilidad de reuniones entre los árbitros y las partes. Asimismo, recalca como aspecto positivo: “que el gremio arbitral internacional rechazara públicamente el contenido de la decisión judicial, solicitando que se impartiera justicia garantizando los derechos fundamentales a la defensa y presunción de inocencia de los árbitros.
Sandro Espinoza, abogado y árbitro peruano, explica que esta situación: “generó y sigue generando preocupación, no solo a nivel local, sino en la comunidad internacional, pues se reveló un desconocimiento profundo por parte de las Cortes Judiciales respecto al funcionamiento y prácticas que se manejan en el arbitraje, tanto nacional como internacional”.
En relación, Laura Lozano, Freshfields Bruckhaus Deringer Madrid, argumenta sobre el tema que: “demuestra que el escrutinio en el arbitraje va más allá del arbitraje de inversión donde desde hace años se cuestiona la falta de transparencia y de imparcialidad e independencia de los árbitros. La desconfianza en la institución arbitral, incluso en un país como Perú con una ley de arbitraje muy avanzada y considerada como referente en la región, es lamentablemente una realidad. Si queremos sacar una lectura positiva de esta decisión es que en Iberoamérica se perseguirá la corrupción en procedimientos arbitrales. Decisiones que persigan y castigan la corrupción real otorgan legitimidad al arbitraje”.
Carlos de los Santos, Garrigues, también explica que: “La orden de prisión preventiva se dictó de manera indiscriminada sin analizar en profundidad las actuaciones de cada uno de los árbitros en particular bajo la equivocada consideración general de que las reuniones entre árbitros y partes o la fijación de honorarios de los árbitros sobre la cuantía en disputa eran una ilegalidad. Esta situación provocó una movilización internacional sin precedentes pues supone un ataque directo a principios esenciales de la institución arbitral. Instituciones como la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI y el Club Español del Arbitraje remitieron cartas a las autoridades competentes manifestando su preocupación por la situación así como una explicación sobre por qué dichas prácticas no solo no son ilegales, sino que están perfectamente avaladas por la práctica arbitral internacional como demuestra su encaje en las Directrices de la International Bar Association (IBA) sobre Representación de Parte en Arbitraje Internacional. Todo ello, sin menoscabar ni interferir en la independencia judicial.”
Jhoel Chipana, fundador de Arbitration 360º en Lima, argulle positivamente que el caso: “ha marcado una pauta que deberá ser observada en el futuro por todos los tribunales de justicia del Perú que quieran analizar supuestos casos de corrupción al interior de procesos arbitrales, pues ha quedado claro que, para tener un caso sólido en esta materia, los fiscales y jueces deben tener conocimiento de cómo funciona el arbitraje.”
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