El pasado 21 de febrero, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Ciadi, suspendió la ejecución del laudo del arbitraje entre la chilena Quiborax y Bolivia hasta que se resuelva el procedimiento de anulación que presentó el Estado boliviano el 21 de septimbre de 2015.
El laudo, dictado en septitiembre de 2015, condenaba a Boliva a indemnizar con más de 48 millones de dólares a la minera por la expropiación de concesiones en 2004, durante el mandato del expresidente Carlos Mesa.
Según diversos medios, el procurador general boliviano Pablo Menacho, a través de declaraciones a la prensa, explicó que entre los cuestionamientos planteados están:
- la extralimitación de facultades por parte del Tribunal,
- el quebrantamiento grave de normas de procedimiento
- y la falta de fundamentación de la decisión.
Hace apenas un mes, la compañía chilena acusaba a Bolivia de dilatar el proceso y el procurador general boliviano Héctor Arce explicaba que se encontraban en proceso de negociación.
El tribunal arbitral encargado del procedimiento de anulación está formado por el español Andrés Rigo, el guatemalteco Milton Estuardo Argueta Pinto y el sueco Christer Söderlund.
La defensa de Quiborax corre a cargo del despacho chileno Bofill Mir & Álvarez Jana.
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