César Siles, procurador general del Estado de Bolivia, informó del cambio de paradigma en la defensa de los intereses del Estado “bolivianizando” la gestión de los arbitrajes internacionales en contra de la contratación de abogados externos. Siles adelantó un ahorro de 46 millones de US dólares, informó de la nueva política de defensa preventiva del Estado y destacó el trabajo realizado en el primer arbitraje “bolivianizado” que han asumido: el de la compañía hispano-mexicana Rubau Ortiz. Por otro lado, avanzó que podrían estar ante dos nuevos arbitrajes de inversión: Lotex y Pioneer.
“La procuraduría tiene el mandato constitucional y legal de, con sus abogados y con las unidades jurídicas que deben constituirse, defender los intereses del Estado y del pueblo boliviano.” Explicó Siles en un programa de la Televisión Bolivia Tv Oficial.
El procurador anunció la implementación de la “defensa preventiva del Estado” con la que asegura que están logrando “que la mayor parte de los casos sean atendidos por abogados de la Procuraduría y de entidades públicas. Ésta implica la defensa antes, intervenir antes para buscar la solución al conflicto.” Y aseguró que Bolivia está implicada en doce arbitrajes, entre prearbitraje y arbitraje, y en ocho procedimientos están en negociaciones para evitarlos.
Habló del caso Copasa que inició un arbitraje, suspendido para iniciar una negociación. Siles confía que se llegue a un acuerdo para finalizar el litigio.
Según Siles, el ahorro es significativo, la defensa de estos casos antes suponía al Estado 16 millones de US dólares “que se destinaban solo a la contratación de abogados, y en total se gastaba 68 millones de dólares antes de nuestra gestión, ahora se reduce a 23 millones de dólares. En la gestión anterior se había previsto el pago de 88 millones de dólares en la defensa del Estado (contratación de abogados, peritos, sueldos, viajes…), ahora el pago previsto son 42 millones. Ahorramos 46 millones de US dólares.”
Arbitraje de Rubau Ortiz contra Bolivia
Destacó el arbitraje presentado por Rubau Ortiz, empresa hispano-mexicana formada por Grupo Rubau y Ortiz Construcciones y Proyectos, contra el Ministerio de Salud en el que ya han asumido la defensa y se han celebrado las audiencias virtuales en la Cámara de Comercio de México.
Este arbitraje está relacionado con la construcción de un hospital en Potosí. La licitación se anunció en abril de 2018 por 33 millones de euros y el plazo de entrega se firmó para 24 meses. Este proyecto representó el segundo hospital adjudicado al grupo en Bolivia, tras el proyecto del Hospital de El Alto, en La Paz.
El Grupo Rubau constituyó su sucursal en Bolivia en 2014. Desarrollaron proyectos de construcción inmobiliaria y comercial, carreteras y el edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Arbitrajes de inversiones: otras dos posibles demandas
“Hemos recibido tres notificaciones: dos laudos a favor, Soboce y Orlandini, y uno desfavorable, Glencore, en el que se ha reducido significativamente el monto y agotaremos todas las instancias disponibles”, enfatizó César Siles.
También informó de que Bolivia estaba ante otros dos arbitrajes de inversiones posibles: los de las compañías Lotex, dedicada al sector del entretenimiento con salas de bingo y lotería, y la compañía de materiales tecnológicos Pioneer.
