Ecuador ha conseguido finalmente una reducción de más de 35 millones de dólares en el  laudo de alrededor de 448,82 millones de dólares emitido a favor de Perenco, en septiembre de 2019, por la asignación de beneficios de bloques petroliferos en la Amazonia.

Eduardo Zuleta, Mónica Pinto y Rolf Knieper (secretaria: Verónica Lavista), que forman el Comité ad hoc del procedimiento abierto por Ecuador, anula parcialmente, por falta de razonamiento, la cantidad concedida a Perenco en el laudo de 2019, dejando finalmente la cantidad que debe afrontar Ecuador en 412.182 millones de dólares.

Esta decisión se emite en el marco de la larga disputa sobre la asignación de los beneficios de dos contratos de participación que datan de 2002 a raíz de la adopción de legislación por parte de Ecuador que modificó la participación que Perenco recibía en virtud de los Contratos para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Bloque 21 de la Región Amazónica Ecuatoriana y la modificación del Contrato de Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos del Bloque 7 de la Región Amazónica, incluyendo el Contrato del Campo Unificado Coca-Payamino.

El comité de anulación ha concluido que el tribunal que emitió el laudo -integrado por el eslovaco Peter Tomka (presidente), el británico Neil Kaplan y el canadiense J. Christopher Thomas– llegó a una decisión que no se desprende de su análisis y, por lo tanto, no motiva su conclusión sobre la pérdida de oportunidad (“loss of opportunity”), tras rescindir el contrato de explotación de uno de los dos bloques petrolíferos. En opinión del Comité: “el Tribunal no ha motivado su conclusión sobre el lucro cesante ni su cuantía.”

El arbitraje Perenco-Ecuador

El 30 de abril de 2008, Perenco Ecuador Limited presentó una solicitud de arbitraje ante el CIADI en contra de la República del Ecuador y de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador. La compañía reclamaba 1.423 millones de dólares.

La diferencia entre las partes versaba sobre dos contratos de participación que datan de 2002 a raíz de la adopción de la Ley 42 y el Decreto 662 por parte de Ecuador que modificaron la participación que Perenco recibía en virtud de los Contratos para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Bloque 21 de la Región Amazónica Ecuatoriana y  la modificación del Contrato de Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos del Bloque 7 de la Región Amazónica, incluyendo el Contrato del Campo Unificado Coca-Payamino.

En el laudo se reconoce una indemnización a la compañía de 471 millones de dólares, mientras que la reclamación medioambiental hecha por Ecuador obtuvo más de 54 millones. Los costos del procedimiento deben ser resarcidos por ambas partes por igual.

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