La minera australiana Berkeley Energia Limited ha informado a través de “Información Privilegiada” a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España que iniciara un arbitraje de inversiones contra España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
Berkeley Energia Limited ha informado a través de su filial Berkeley Exploration Limited (BEL) que someterá su disputa de inversión con España a arbitraje internacional.
En noviembre de 2022, BEL presentó una notificación de controversia de inversiones al Presidente del Gobierno de España y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) informándoles de la controversia y de los incumplimientos del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), y de su intención de entablar negociaciones para llegar a una solución amistosa.
Según la minera, hasta la fecha, el Gobierno español no ha entablado ninguna discusión relacionada con la disputa y Berkeley no ha tenido otra opción que tomar medidas y hacer valer sus derechos en el proyecto de Salamanca a través del arbitraje internacional.
La minera informa de que ha contratado a Herbert Smith Freehills Spain LLP y LCS Abogados para representarla en este procedimiento.
Berkeley asevera que: “sigue comprometida con el proyecto de Salamanca y continúa abierta a un diálogo constructivo con España. Berkeley está dispuesta a colaborar con las autoridades españolas competentes para encontrar una solución amistosa a la situación de los permisos y mantiene la esperanza de que las conversaciones puedan tener lugar a corto plazo.”
Más sobre el conflicto
En febrero de 2021, la minera australiana Berkeley ya se mostró dispuesta a acudir al arbitraje contra España por su proyecto de mina de uranio en el campo de Salamanca frustrado ante la ley sobre el cambio climático. La reclamación con la que se jugaba ascendía a alrededor de 500 millones de de euros por las inversiones en el proyecto.
En noviembre de 2021, recibió la notificación formal del MITECO de que había rechazado la autorización de construcción de la planta de concentrado de uranio como instalación radiactiva en el proyecto de Salamanca, tras el informe desfavorable a la concesión emitido por la Junta del Consejo de Seguridad Nuclear en julio de 2021.
Berkeley presentó varios documentos abordando las cuestiones planteadas por el Consejo de Seguridad Nuclear, haciendo una solicitud de reevaluación y, según la compañía, desmontando todas las cuestiones técnicas utilizadas como justificación para emitir el informe desfavorable.
Berkeley además solicitó el acceso “a los expedientes asociados a la Autorización de Construcción y Autorización de Desmantelamiento y Clausura de las instalaciones radiactivas de La Haba (Badajoz) y Saelices El Chico (Salamanca), propiedad de ENUSA Industrias Avandas S.A.”, para contrastar las condiciones aprobadas en otros proyectos de uranio similares en España.
La australiana denuncia que se le ha exigido información que no se corresponde con el marco normativo, el alcance de la actual fase de procedimiento y los criterios aplicados en otros procesos de concesión de licencias para instalaciones radiactivas similares. Por lo que considera que se la ha tratado de forma discriminatoria y arbitraria en su solicitud para el proyecto de Salamanca, sin seguir el procedimiento legalmente establecido, lo que infringe la normativa sobre procedimientos administrativos en España y la protección en el marco del TCE.
En abril de 2023, Berkeley Minera España presentó un recurso contencioso-administrativo ante un tribunal español contra la denegación de la autorización de construcción de la planta de uranio.
En diciembre de 2023, recibió notificaciones formales que estimaban recursos presentados por Plataforma Stop Uranio y el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes para revocar las sentencias de primera instancia relacionadas con la Autorización de Uso Excepcional del Suelo (AEUL) y la Licencia Urbanística (UL), que anulaban tanto la AEUL como la UL que fueron concedidas en julio de 2017 y agosto de 2020 por la Comisión Regional de Medio Ambiente y Urbanismo y el Ayuntamiento de Retortillo.
La Plataforma Stop Uranio y el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes interpusieron recursos contencioso-administrativos contra el AEUL y la UL ante los Juzgados de Primera Instancia de Salamanca, que fueron desestimados en septiembre de 2022 y enero de 2023 respectivamente.
Posteriormente, uno de los recurrentes interpuso sendos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), que dictó sentencias en diciembre de 2023 revocando las decisiones de primera instancia y declarando la nulidad del AEUL y de la UL.
Berkeley se muestra: “en total desacuerdo con los fundamentos de la sentencia del TSJ y tras haber presentado recursos de casación contra las sentencias del TSJ ante el Tribunal Supremo español, la Sociedad ha retirado ahora los recursos para preservar sus derechos en el marco del arbitraje internacional.”
