La minera australiana Berkeley estaría dispuesta a acudir al arbitraje contra España por su proyecto de mina de uranio en el campo de Salamanca que se vería frustrado ante la ley sobre el cambio climático. La compañía reclamará alrededor de 500 millones de de euros por las inversiones en el proyecto.

Retortillo, un pequeño pueblo situado en la provincia de Salamanca y reflejo de la España vaciada, es el lugar en el que la minera australiana Berkeley espera explotar una mina de uranio. Sin embargo la ley sobre el cambio climático, que veta este tipo de extracciones, frustraría las expectativas de la minera que estaría reclamando alrededor de 500 millones de euros al Gobierno de España (ver “Berkeley reclamará 500 millones al Gobierno si la ley del clima frustra su mina de uranio“, Isabel Miranda, ABC, 31.01.2021).

El abandono de este tipo de energías proyectado hasta 2035, y la estrategia de transición energética no plantean una solución fácil a este conflicto en el que Berkeley y España se juegan intereses económicos en un momento muy sensible para la economía española.

La australiana estaría dispuesta a recurrir a todos los mecanismos nacionales e internacionales para recuperar lo invertido en un proyecto que data de más de una década.

Berkeley y las minas de uranio de Salamanca han pasado por multitud de vicisitudes, entre ellas, la presentación de otro arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), en el que la australiana demandaba en 2012 por 150 millones de euros a ENUSA Industrias Avanzadas, empresa pública española de diseño, fabricación y abastecimiento de combustible nuclear para centrales españolas y extranjeras, por rechazar varios proyectos que consideraba no viables en el campo de Salamanca.

Finalmente las partes llegaron a un acuerdo por el que la australiana explotaría en solitario los yacimientos a cambio de un porcentaje en las ventas para ENUSA.

Además de la ley sobre el cambio climático, Berkeley se enfrenta a las protestas sociales que se han sucedido durante todos estos años en la provincia de Salamanca contra la explotación del uranio; la última en agosto de 2020 para pedir al Gobierno que paralizara los permisos a la planta de tratamiento de uranio en Retortillo después de que el Ayuntamiento de la localidad concediera la licencia urbanística para la mina (“Berkeley obtiene licencia para su mina de uranio en Salamanca“, El Periódico, 11.08.2020).

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