La orden de prisión preventiva contra el grupo de árbitros de los procedimientos que enfrentaron al Estado peruano con la constructora brasileña Odebrecht, dictada la pasada semana, no deja de alimentar la polémica sobre un caso que está ocupando las portadas de la prensa peruana y mundial. El hecho, además, de que la reclusión sea en un penal de alta seguridad: Ancón I, no deja indiferente a nadie. En CIAR Global ya hemos recogido voces en defensa de algunos de los árbitros encausados, se unen a ellas las de Alexis Mourre, presidente de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), y Carlos Matheus, abogado peruano especializado en arbitraje nacional e internacional, quienes además ponen en duda el conocimiento por la fiscalía peruana del procedimiento arbitral y de su funcionamiento ante la condena a árbitros como el reconocido Fernando Cantuarias.

Alexis Mourre, ha enviado, expresamente, una carta a la ministra de Justicia Ana Teresa Revilla, en la que haciendo referencia a los arbitrajes en los que una parte es latinoamericana, entre ellas varias peruanas, expresa su preocupación por la orden de prisión preventiva y encarcelamiento contra Fernando Cantuarias Salaverry, miembro de la CCI, en un centro penitenciario de máxima seguridad para reos considerados de “alta peligrosidad”.

Mourre hace ver su inquietud por la integridad y seguridad personal de Cantuarias siendo “una persona sin antecedentes penales y un árbitro internacional de reconocida integridad” y solicita que “las autoridades competentes, en la medida de lo permitido por la legislación peruana, tomen las medidas apropiadas para que sus condiciones de detención sean compatibles con su estado físico y psicológico y respetuosas de los derechos humanos de una persona cuya inocencia debe ser presumida”.

El presidente de la CCI finaliza la misiva comunicando su preocupación por: “que la orden de prisión preventiva referida pueda no haber tomado en cuenta los principios y las prácticas comunes del arbitraje“.

Carlos Matheus manifiesta así su opinión en relación con el tema:

“Desde hace 18 años desempeño -a tiempo completo- la noble labor de árbitro. La cual sólo acompaño con mi ejercicio como catedrático universitario y expositor en esta materia. Y, durante este tiempo, he conocido a algunos de los árbitros que hoy son objeto de persecución por el Ministerio Público y de acusaciones por parte de una prensa que, sin conocer de la materia arbitral, pretende erigirse en dueña de la verdad, llevando a cabo una cacería de brujas, en la cual sólo repite -sin someterla a análisis e investigación- una acusación fiscal, carente de fundamento. La cual, bajo la pretendida bandera de la lucha contra la corrupción, no distingue el grano de la paja.

los argumentos empleados por el Ministerio Público evidencian un grosero desconocimiento de la teoría y práctica del Derecho de Arbitraje

En tal sentido, y empleando como paradigma el caso de Fernando Cantuarias Salaverry. Observamos, como bien ha sostenido su defensa, que los argumentos empleados por el Ministerio Público evidencian un grosero desconocimiento de la teoría y práctica del Derecho de Arbitraje. Lo cual resulta basilar para comprender la dinámica del proceso arbitral en general y la de los honorarios arbitrales en particular. Siendo consecuencia de ello que la solicitud de prisión preventiva del Ministerio Público, como la decisión judicial que amparando ésta acaba de ordenar 18 meses de prisión preventiva, resultan a todas luces delirantes, contrarias a derecho y ajenas al sentido común.

Tal tipo de práctica es la inquisición sin potro, ni garrucha, pero -sin duda- mucho más peligrosa para todo ciudadano de a pie. Pues al obviar el sentido común y al derecho, desaparece la justicia. Y sin ella, todo está perdido.

aún más pernicioso es el hecho de que tales imputaciones de la Fiscalía y la citada decisión judicial son asumidas como ciertas por un gran sector de la ciudadanía

Además, lo que resulta aún más pernicioso es el hecho de que tales imputaciones de la Fiscalía y la citada decisión judicial, repetidas y difundidas por la prensa, son asumidas como ciertas por un gran sector de la ciudadanía. Con la consecuente afectación del prestigio profesional y de la honorabilidad de aquellos árbitros inocentes, los cuales han construido su carrera y buen nombre durante muchos años de esfuerzo y dedicación.

Esperemos que, en breve, se honre a la verdad y a la justicia, y que tan terrible daño pueda corregirse de algún modo, con la expedición de una resolución idónea y justa por parte de la Sala Penal que resolverá la apelación interpuesta.

Finalmente, animo a todos los hombres de bien a unirse en la defensa del Arbitraje, del Estado de Derecho y de los Inocentes en el Perú”.

Mourre y Matheus no han sido las únicas voces que han surgido por la preocupación de cómo se está administrando este procedimiento contra los árbitros. La opinión de otros abogados y árbitros peruanos como Alfredo Bullard, Carlos Castillo Rafael o Walter Alban ya fue recogida por CIAR Global en un anterior análisis.

One Comment

  • Msc. Juan Diego Quirós Delgado dice:

    Por eso el Arbitraje debe estar blindado, blindado a las nulidades, para eso debe documentarse y archivar se las pruebas, con sentencias razonada, motivadas y apegadas al derecho, a la razón, la razonabilidad, la ética jurídica y profesional.
    Además el Árbitro debe estar blindado, mediante la ética (incluso renunciando a arbitrar en repetidas ocasiones con las mismas partes) la Imparcialidad, la equidad, la justicia, sus finanzas, ingresos, deben ser tan o más transparentes que los de un magistrado de Corte Suprema que debe rendir cuentas ante una Contralor y ante el pueblo.
    Estos consejos, si los hubieran observado, les habría ahorrado dolores de cabeza.

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