Los embajadores de Canadá, Australia, Francia y Colombia han enviado una carta al Congreso peruano mostrando su preocupación por la Ley que suspendió el cobro de peajes durante el estado de emergencia del Covid19 y que ya es motivo de una notificación de arbitraje contra Perú.
Los embajadores ya se han disculpado por no haber utilizado el canal adecuado, tal y como ha indicado Gustavo Meza-Cuadra, ministro de Relaciones Exteriores en declaraciones al medio Canal N en “Canciller: Embajadores reconocieron su error sobre carta remitida al Congreso“, 08.06.2020. Puesto que la comunicación debería haber sido dirigida a la Cancillería.
En la carta, que ha causado malestar en el gobierno peruano cuestionándola por inmiscuirse en asuntos internos de Perú y saltarse los cauces diplomáticos, se alerta sobre el desconocimiento de los mecanismos de negociación contractual, poniendo énfasis en la inversión privada, en el respeto a los tratados internacionales y en la seguridad jurídica.
Texto fechado el 4 de junio de 2020 y dirigido al presidente del Congreso peruano Manuel Arturo Merino de la Lama:
“Nos dirigimos a usted en calidad de jefes de las misiones diplomáticas que suscribimos la presente para saludarlo muy cordialmente. Asimismo, nuestras misiones diplomáticas, altamente respetuosas de la soberanía del Estado peruano y de la independencia de sus instituciones democráticas, acudimos a su digno despahco ante el grave impacto que supone la Ley N° 31018 para diversas empresas concesionarias de la red vial nacional, cuyas inversiones se originan en nuestros respectivos países. Reconocemos la voluntad del Congreso de tomar medidas que protejan a la ciudadanía ante la propagación del COVID-19; no obstante, consideramos crucial pronunciarnos sobre ciertos aspectos de la mencionada Ley.
Primero, considerando que, según la Ley N° 31018, la suspensión de los peajes se mantendrá mientras dure el estado de emergencia nacional y, siendo esta duración (o eventuales extensiones) incierta, el impacto financiero en las concesiones viales afectadas es incalculable. Además, la Ley Nº 31018 indica que la suspensión de los peajes no causará ni generará derecho compensatorio, lo cual desconoce los mecanismos de negociación contractual estipulado en los respectivos contratos de concesión y el derecho de las personas a ser compensadas por daños infringidos. Esto ocasionará no solamente que los concesionarios afectados puedan verse en la eventual necesidad de declararse en quiebra, sino que, además, por falta de liquidez, se verán imposibilitados de brindar servicios esenciales como la operación y mantenimiento de las vías, y brindar servicios de auxilio vial al no contar con los recursos para ello. Todo esto en directo perjuicio a miles de trabajadores directos e indirectos y a la población usuaria de las vías.
En segundo lugar, la inversión privada ha sido un componente vital en el crecimiento y desarrollo económico del Perú, colaborando significativamente en reducir la pobreza a niveles mínimos históricos. El Perú ha logrado generar y mantener la confianza de los inversionistas privados nacionales y extranjeros a lo largo de las últimas décadas no solamente por su disciplina fiscal y monetaria, si no también debido a su respeto irrestricto de las instituciones democráticas, en las que se enmarcan el respeto a los tratados internacionales y a los contratos suscritos por el Estado peruano. Por ello, el Perú es un destino favorecido en la región para las inversiones privadas.
Es por estas razones que debemos expresar nuestra profunda preocupación ante medidas como las previstas en la Ley N° 31018, que vulneran seriamente la estabilidad y seguridad jurídica y contractual. También, comprometen peligrosamente las inversiones privadas tan importantes y necesarias en un contexto como el actual en el que el Perú requiere enfrentar decididamente los impactos económicos de la pandemia del covid-19.
Por último, independientemente de una eventual decisión del Tribunal Constitucional acerca de la Ley N° 31018, confiamos en que el Congreso de la República del Perú, presidido por usted. queda abierto a nuestras posiciones. Los jefes de las misiones diplomáticas que suscriben nos encontramos dispuestos a exponer más en detalle estas posiciones, según lo estime usted conveniente.”
