Verónica Zambrano, presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión de las Infraestructuras de Transporte de Uso Público (Ositrán), ha corroborado que un concesionario de infraestructura vial ha notificado su intención de llevar a Perú a arbitraje como consecuencia de la Ley que suspende el cobro de peajes durante el estado de emergencia decretado como consecuencia del Covid19.
Otros dos concesionarios también habrían manifestado la misma intención, según las declaraciones de Zambrano recogidas en el portal de Ositrán y en el que también explica que 17 empresas concesionarias han solicitado la suspensión de sus obligaciones por causa de fuerza mayor.
A principios de abril el Congreso de Perú aprobó la suspensión del cobro de peajes nacionales durante la emergencia suscitada por la crisis del coronavirus tanto administrados por el Ministerio de Transportes, como aquellos a cargo de empresas concesionarias. Inmediatamente saltó la alerta sobre los posibles arbitrajesde inversiones que podría enfrentar el Gobierno a raíz de esta medida.
La propia Zambrano consideraba esta ley aprobada como inconstitucional y que podía traducirse en seis demandas de arbitraje de inversiones ante CIADI por parte de los seis concesionarios que administran 18 peajes nacionales; y acusaba al Congreso de no medir las consecuencias.
El 3 de junio, el Gobierno de Martín Vizcarra presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31018, de 9 de mayo de 2020, que suspendía el cobro de peajes en la red vial nacional departamental y local concesionada durante el estado de emergencia nacional declarada a causa del brote del Covid-19. Entre otros se arguementa que la ley modifica los términos previstos de los contratos de concesión y contraviene el artículo 62º de la Constitución.
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