Según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México, las empresas de energía renovables que operan en el país han interpuesto 172 recursos de amparo contra la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la gran mayoría de ellos se habrían ganado. Un horizonte de posibles arbitrajes de inversión se plantea para México, cuyo presidente parece ser ajeno a esta realidad.

La determinación del Cenace, a finales de abril, a través del “Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional”, de suspender los proyectos relacionados con energía renovable por causa de la pandemia del Covid-19 y cambiar las reglas de los Certificados de Energías Limpias -así como el de la Secretaría de Energía (Sener) “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional“- provocaron la presentación de recursos de amparo por parte de las empresas perjudicadas.

En una videoconferencia de prensa celebrada el 26 de junio, Carlos Salazar, presidente de CCE, explicó que muchos amparos presentados se han ganado y un total de 125 obtuvieron una suspensión definitiva.

A finales de mayo, más de una veintena de compañías pudieron reanudar sus operaciones gracias a la concesión de los amparos presentados ante un Juzgado de Distrito. También Cenace expresó, en un comunicado, su intención de impugnar estos amparos concedidos en el juzgado federal explicando que: “está haciendo válidos los instrumentos legales a su alcance para impugnar la admisión, suspensión provisional y competencia del Juzgado de Distrito del conocimiento, toda vez que los actos que se le imputan se refieren al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que está reservado al Estado Mexicano al ser considerado Estratégico y Prioritario”, y explicó que a pesar de estos amparos la emergencia provocada por la crisis del Covid19 hace que el acuerdo esté vigente “durante la contingencia provocado por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”.

El CCE siempre ha sido crítico con la política energética del gobierno mexicano y al principio de esta crisis expresaba su preocupación diciendo que el acuerdo de Cenace: “erige barreras a la competencia y desplaza a la iniciativa privada, beneficiando indebidamente a centrales de generación más costosas y contaminantes. Sin motivación técnica sólida ni fundamento jurídico plenamente justificado, el Cenace ha desatendido su mandato legal de salvaguardar la eficiencia del Sistema Eléctrico Nacional y la competencia en el mercado eléctrico, lo cual impacta negativamente a miles de consumidores en el sector comercial e industrial”.

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