Un tribunal de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) ha declarado responsable a República Dominicana del incumplimiento del contrato sobre la concesión a la compañía española Dominicana Renovables para operar un complejo de energía eólica. El tribunal sólo ha concedido los gastos incurridos irrecuperables, algo más de 2M$ de los cerca de 288M$ reclamados. La española busca reabrir el procedimiento ante un tribunal estadounidense buscando que se le conceda el lucro cesante.
Dominicana Renovables ha presentado ante la Corte de Distrito Sur de Florida la petición para confirmar en parte y anular en parte el laudo arbitral relativo al contrato entre Dominicana Renovables y la República Dominicana para desarrollar y operar el complejo de energía eólica La Isabela. Aunque el tribunal CCI ha declarado a la República Dominicana responsable del incumplimiento de la concesión de energía eólica, sólo se ha concedido a la demandante cerca de 2,4 millones de dólares (US $ 2,343,832.39) -como gastos directos de la compañía y gastos realizados por otras empresas en nombre de Dominicana Renovables- de los más de 287 millones de dólares reclamados como ganancias dejadas de percibir.
“El Parque La Isabela tiene el valor de un proyecto ready to build que ha sido privado de obtener el lucro cesante futuro precisamente por el incumplimiento contractual del Estado”, respondía Dominicana Renovables al argumento del Estado dominicano de que: “como el Parque no está construido, Dominicana Renovables apenas tendría derecho a recibir el valor invertido”.
El tribunal formado por Stanimir Alexandrov (presidente), Óscar Garibaldi (designado por la demandante) y Juan Pablo Cárdenas (designado por la demandada) consideró en su decisión que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) viola “el artículo 65 del Reglamento al negarse a negociar y/o celebrar el Contrato PPA -de compraventa de energía. con Dominicana Renovables”; y que el Estado Dominicano ha incumplido el Contrato de Concesión Definitivo por la negativa de la CDEEE a negociar y/o celebrar el Contrato PPA con Dominicana Renovables.
El laudo es contundente a favor de la española explicando que el tribunal: “no puede pasar por alto la conducta deliberada de incumplimiento del Estado dominicano y la ausencia de buena fe durante el proceso de negociación del Contrato PPA” y condena a la República Dominicana a afrontar todos los gastos administrativos y el 10% de los honorarios incurridos por Dominicana Renovables en la defensa del caso, además de los intereses desde enero de 2018.
Las partes en el arbitraje han estado representadas por los despachos Akerman LLP (Franciso A. Rodríguez, Luis A. Pérez y Rebeca E. Mosquera) y Soto Abogados (Luis Soto), en el caso de la demandante; y Dechert LLP (Eduardo Silva Romero, Juan Felipe Merizalde) y el profesor Álvaro Galindo, en el caso de la demandada, junto a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo de República Dominicana (Antoliano Peralta, Noelia Rivera, Nathalie Hernández y Sara Patnella).
Breve cronología del caso: La Isabela
La Isabela es el proyecto de energía renovable a ser desarrollado por Dominicana Renovables en la Provincia de Puerto Plata, República Dominicana.
En febrero de 2009, Dominicana Renovables presentó ante la Comisión Nacional de Energía una solicitud para obtener una concesión provisional para llevar a cabo los análisis y estudios necesarios para el desarrollo del Parque Eólico. Ese mismo mes se aprobó la solicitud y se concedió una concesión provisional a Dominicana Renovables que en enero de 2013 es autorizada a través de una concesión definitiva.
En septiembre de 2014, el Consejo de Administración de la CDEEE emitió un nuevo “Protocolo de condiciones generales imperativas para la suscripción de contratos de compra venta de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable por parte de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)”.
En febrero de 2016, Dominicana Renovables manifestó a la CDEEE que, en el curso de las negociaciones que estaban sosteniendo con el fin de concretar un Contrato PPA, había sido informada que el Protocolo no se encontraba vigente y había sido sustituido por otro, solicitaba el protocolo nuevo para continuar con la negociación. En abril de 2016 la CDEEE envió nuevamente el Protocolo a Dominicana Renovables y le informó sobre el cierre de negociaciones de los Contratos PPA.
En mayo de 2017, Dominicana Renovables se dirigió a la CDEEE solicitando que reconsiderara su posición e incluyera a la Compañía en el listado de empresas con derecho a suscribir un Contrato PPA con la CDEEE.
Por el monto de la condena y la reacción de la actora (pedir la anulación del laudo) parecería más bien que es una victoria de la demandada.