Tras el arbitraje ganado por la canadiense Bear Creek en diciembre de 2017 sobre los derechos a operar la mina de plata Santa Ana, Perú deberá hacer frente a la indemnización de más de 30 millones de dólares a la vez que ve cómo la minera opera en el mercado y reivindica su lugar para seguir invirtiendo.
En diciembre de 2017 se conoció el resultado del arbitraje entre la canadiense Bear Creek Mining Corporation y Perú por la normativa aprobada que anuló los derecho de la minera para operar las minas de Santa Ana. Perú debía indemnizar a la minera con 30.4 millones de dólares.
Bear Creek, que aún no ha cobrado la indemnización por parte del Gobierno de Perú hizo alusión a este hecho durante el Simposium Internacional del Oro y la Plata, en palabras de su director financiero Paul Tweddle, explicando que “el mundo está mirando cómo el Estado peruano actúa frente al fallo…” (ver “Bear Creek volverá a listarse en la Bolsa de Valores de Lima“, Gestión, 30.05.2018).
Tras el laudo arbitral del tribunal del Ciadi, su CEO Anthohy Hawkshaw, comunicó la intención de la canadiense de acelerar el proyecto Corani de minas de plata, plomo y Zinc a cielo abierto junto al gobierno peruano y a las comunidades de la zona.
Ahora, según información de Reuters (“Canada’s Bear Creek prepares IPO in Peru to finance silver mine“, 30.05.2018), hará una oferta pública en la Bolsa de Lima para financiar el proyecto minero de plata Corani valorado en 550 millones de dólares, a la espera de tratar con el gobierno peruano la situación de Santa Ana.
Perú y Bear Creek tendrán que hacer frente a la protesta social
La situación de protesta social ante el proyecto Santa Ana fue una de las principales causas por los que se decretó la expropiación.
La contaminación de ríos y lagunas próximos al Lago Titicaca y la protección de zonas de reserva y alto valor sociocultural (el de los Aimara Lupaca) son algunos de los factores que enfrentan a los que apoyan el proyecto, contra los que luchan contra él.
Estas presiones de movimientos organizacionales y de la población de la región de Puno (donde se ubica la mina), que apelan a la protección y respeto de derechos humanos y medio ambiente, provocaron que el gobierno peruano negociara las demandas de la comunidad, lo que le llevó a la suspensión del proyecto minero.
