El Tribunal del arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativa a Inversiones, Ciadi, que enfrenta a la canadiense Bear Creek Mining Corporation contra Peru ha recogido los testimonios de testigos y peritos que defienden la actuación del gobierno peruano al negar los derechos de explotación de la minera canadiense sobre el Proyecto Santa Ana.
En el caso de la testigo Rosario del Pilar Fernández Figueroa, ministra en 2011 durante el Gobierno del presidente Alan García, en relación con la alegación de la demandante Bear Creek sobre la arbitrariedad de la declaración de necesidad pública explica que: “La actuación del gobierno fue enteramente apropiada. El Decreto Supremo No. 032 fue emitido ante la evidencia de la violación constitucional por parte de Bear Creek y en el marco de una situación social de violencia extrema que se venía desarrollando en Puno.”
Los informes de los expertos como Jorge Danos Ordóñez o Francisco Eguiguren Praeli legitiman al gobierno peruano ante el rechazo de la explotación; y otros como el informe de Alfonso Peña Jumpa describen la situación real de crisis social de la comunidad indígena de la zona y la ilegitimidad de contratos de compraventa por parte de Bear Creek sobre terrenos indígenas de la zona.
