El tribunal que decidirá sobre la anulación del laudo del arbitraje de Dominion Minerals contra Panamá ha sido constituido en el seno del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Lo forman el británico Toby Landau (presidente), la italiana Loretta Malintoppi y la costarricense Dyalá Jiménez Figueres.

El 17 de marzo de 2021, la Secretaría General del CIADI registró la solicitud de anulación parcial de Dominion Minerals del laudo emitido en noviembre de 2020.

El tribunal determinó que Panamá es responsable de la expropiación de la licencia minera, aunque la concesión monetaria a los demandantes, que pedían 684 millones de dólares, fue de 15,9 millones, bastante más baja de sus pretensiones.

El tribunal

Toby Landau ha participado en 25 procedimientos CIADI: en dos como presidente, 16 como coárbitro y en 7 como counsel de una de las partes. Citamos, además del que nos ocupa, Tenaris Talta v. Venezuela; Dan Cake v. Hungría; o Renco Group v. Perú.

Loretta Malintoppi ha participado en 22 procedimientos CIADI: en 4 como presidente, 8 como coárbitro, 8 como counsel y 2 en comités de anulación. Algunos de sus procedimientos: Gran Colombia Gold v. Colombia; BayWa v. España; o Longreef v. Venezuela.

Dyalá Jiménez Figueres ha sido parte de tribunales CIADI en siete procedimientos. Ha formado parte de comités de anulación en los arbitrajes: Watkins Holdings v España; Tenaris y Talta v Venezuela; Valores Mundiales y Consorcio Andino v. Venezuela; Global Telecomo Holding v. Canadá y Albaniabeg Ambient, Angelo Novelli y Costruzioni v. Albania. Y como coárbitro en AFC Investment Solutions v. Colombia.

El conflicto origen del arbitraje

Dominion Minerals reclamó la negativa del Gobierno panameño de no ampliar la extensión de la concesión gestionada por su filial en Panamá Cuprum, en virtud de un contrato firmado en 2006 que contemplaba cuatro años de explotación más dos prórrogas de dos años.

Las presiones ecologistas estuvieron también detrás de este proyecto, alegaban, además del impacto ambiental, la ilegalidad del contrato por faltar la consulta pública establecida por ley (Ley 22 de Contrataciones Públicas), y en abril de 2010 el Ministerio de Comercio e Industria de Panamá declaró “reserva minera” el área de cerro Chorcha lo que supuso el fin a las concesiones y prórrogas a la explotación.

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