El arbitraje de la entidad financiera española AFC Investment Solutions SL contra Colombia ya tiene tribunal ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
El presidente del tribunal es Bernardo Sepúlveda Amor (mejicano), designado por el presidente del Consejo Administrativo de CIADI; y las co-árbitros son Sabina Sacco (con triple nacionalidad chilena, salvadoreña e italiana), designada por los demandantes, y Dyalá Jiménez Figueres (costarricense), designada por la demandada.
Bernardo Sepúlveda Amor ha participado en seis procedimientos CIADI, tres arbitrajes (Empresa Eléctrica del Ecuador v. Ecuador; Grupo Francisco Hernando Contreras v Guinea Ecuatorial) y tres anulaciones (Tethyan Copper v Pakistán; Unión Fenosa Gas v Egipto; y Caratube v Kazakhstan).
Dyalá Jiménez Figueres ha sido parte de tribunales CIADI en seis procedimientos, también incluyendo éste, aunque es el primero en el que participa en un tribunal de arbitraje inicial. El resto ha formado parte de comités de anulación (Watkins Holdings v España; Tenaris y Talta v Venezuela; Valores Mundiales y Consorcio Andino v. Venezuela; Global Telecomo Holding v. Canadá y Albaniabeg Ambient, Angelo Novelli y Costruzioni v. Albania).
Sabina Sacco se estrena como árbitro de un procedimiento CIADI.
El arbitraje AFC Investment Solutions SL v. Colombia
AFC presentó un arbitraje de inversiones contra Colombia por la liquidación forzosa de la entidad financiera Compañía de Financiamiento SA, envuelta en 2015 en una investigación penal por irregularidades en el control de los ahorros de sus clientes y lavado de activos.
En 2015 se inició la investigación sobre Cándido Rodríguez Losada y Javier José Ardura Gómez, propietarios de AFC Investment Solutions SL, y a su vez accionistas mayoritarios de Compañía de Financiamiento SA radicada en Colombia, que fue intervenida por la Superintendencia Financiera y liquidada forzosamente ante una investigación penal por irregularidades en el control de los ahorros de sus clientes y lavado de activos.
La cantidad investigada eran 365.000 millones de pesos (más de 112 millones de euros).
El despacho J.A. Cremades & Partners (París) representa al demandante y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la de Colombia.
