La rescisión de contratos que prevé hacer el gobierno argentino respecto a los contratos de Asociación Público Privada (APP) adjudicados en 2018 para diferenstes proyectos viales, con una inversión de 8.000 millones de US$, puede desencadenar un nuevo aluvión de demandas de arbitraje de inversión contra Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
Los contratos fueron firmados en 2018 con dos empresas argentinas, que no podrían recurrir a la vía del arbitraje (Paolini Hnos. Vial Agro y José Cartellone Construcciones Civiles), y por consorcios transnacionales como los formados por:
- China Construction America y la argentina Green
- Helport, Panedile Argentina, Obras y Servicios Copasa y Eleprint.
- Rovella Carranza, JRC y Mota Engil.
Con el consorcio Helport, Panedile Argentina, Obras y Servicios Copasa y Eleprint, el gobierno argentino ha llegado a un reciente acuerdo (ver “El gobierno y Eurnekian acuerdan la primera rescisión de los PPP viales“, Antonio Rossi, LetraP, 24.09.2020) después de que un tribunal argentino ordenara al Ejecutivo la devolución de más de 33 US$ millones en garantías el pasado 1 de septiembre (ver “Argentina rescinde primeros contratos de APP viales“, Bnamericas, 24.09.2020). Aunque la vía del arbitraje puede activarse en caso de no llegar a un acuerdo en la liquidación final del contrato.
Según la anterior información, el resto de las compañías estarían determinadas a acudir al arbitraje de inversiones del CIADI para recuperar su inversión.
