Los Herederos de Sulu como ciudadanos filipinos, demandantes en el arbitraje fruto de un contrato de alquiler de tierras firmado en 1878, han iniciado un procedimiento de arbitraje de inversiones contra España denunciando denegación de trato justo y equitativo y denegación de justicia en virtud del Acuerdo de Promoción y Protección recíproca de Inversiones (APPRI) España-Filipinas. En diciembre de 2023, los herederos interpusieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un incidente de nulidad de actuaciones por indefensión y vulneración de sus derechos fundamentales en el arbitraje contra Malasia.También en diciembre enviaron la Notificación de intención de acudir a arbitraje de inversiones al Gobierno español que no respondió a la solicitud.
La reclamación asciende a 18.000 millones USD, el valor actual más intereses del laudo dictado por el árbitro Gonzalo Stampa el 28 de febrero de 2022 en París.
Tras los resultados en jurisdicción española y tras el último varapalo en Países Bajos -el 6 de septiembre se conoció la decisión del Tribunal Supremo de rechazar la apelación sobre una sentencia que rechazó ejecutar el laudo de 14,9 billones USD que no reconoció la competencia del árbitro por haber sido cancelado por los tribunales españoles, y por considerar que el acuerdo sobre el que residía el arbitraje no contemplaba una cláusula arbitral válida-, sale a la luz que los demandantes, el grupo de herederos del Sultán de Sulu, como ciudadanos filipinos, han iniciado un arbitraje de inversiones contra el Reino de España en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), en virtud del APPRI Filipinas-España.
En la solicitud de arbitraje, se argumenta que: “La interferencia en serie de España ha mermado la capacidad de los demandantes para ejecutar un laudo multimillonario dictado de forma escrupulosamente justa y, de paso, ha criminalizado las acciones de un árbitro. De no ser por la intromisión interesada -y evidente- de España, los demandantes habrían podido ejecutar, y posiblemente cobrar, su laudo hace mucho tiempo.”
En febrero de este año, Paul Cohen, abogado de los Herederos del Sultán de Sulu, habló a este medio sobre el arbitraje y mostraba su perplejidad ante la situación producida en los tribunales españoles a raíz de las causas abiertas contra Gonzalo Stampa, árbitro del procedimiento. Cohen argumentaba que no debería haberse recurrido al código penal para tratar este asunto, sino a la Ley de Arbitraje española.
Hitos destacados en la jurisdicción española
En diciembre de 2023, los herederos de Sulu interpusieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un incidente de nulidad de actuaciones por indefensión y vulneración de sus derechos fundamentales en el arbitraje contra Malasia. Lo hicieron tras la publicación de un artículo en prensa que afirmaba que el Gobierno, a través del Ministerio de Exteriores español, presionó al TSJM para favorecer los intereses de Malasia anulando el nombramiento de Gonzalo Stampa como árbitro del procedimiento.
En base a la sentencia de junio de 2021 del TSJM, que estima la nulidad del emplazamiento de Malasia y los sucesivos actos procesales incluido el nombramiento de Stampa (el árbitro fue designado mediante sorteo como árbitro siguiendo a una Sentencia que así lo referenciaba de marzo de 2019), Paul Cohen afirmaba que el hecho de estimar la nulidad de la notificación dos años después diciendo que se llamó a la puerta equivocada causó “indefensión real”.
Por otro lado, está la sentencia del TSJM de 1 de diciembre de 2022, que desestima la solicitud de Malasia de declarar nulo el laudo final: Malasia argumentaba que el laudo fue “[…] dictado por quien carece de la condición de árbitro al haberse anulado su nombramiento por esta misma Sala que lo designó […].” A lo que el tribunal alegó que “estando archivada la presente causa, a consecuencia del desistimiento aprobado por la Sala, en Auto de fecha 12 de abril de 2022, nada tenía que manifestar ni informar.”
En febrero de este año, un Juzgado de Instrucción de Madrid admitió a trámite la querella contra un letrado de la Administración de Justicia, del TSJM, en el caso por el que Stampa fue condenado por desobediencia al no apartarse del caso tras la sentencia que revocaba su nombramiento. La admisión a trámite de la querella ha abierto una investigación penal sobre el letrado que actuó en el procedimiento de nulidad solicitado por Malasia.
A finales de mayo Gonzalo Stampa perdió el recurso de apelación contra la condena por desacato de un tribunal tras la emisión del laudo. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó la condena a Stampa de seis meses de prisión y un año de inhabilitación como árbitro.
