El Tribunal Supremo neerlandés ha desestimado la apelación de los Herederos de Sulu para ejecutar el laudo de 15.000 millones USD que dictó el árbitro español Gonzalo Stampa en febrero de 2022. En junio de 2023, la Corte de Apelación de La Haya bloqueó la ejecución del laudo contra Malasia al no reconocer la competencia del árbitro sobre el procedimiento por haber sido cancelado por los tribunales españoles, y por considerar que el acuerdo sobre el que reside el arbitraje (datado en 1878) no contemplaba una cláusula arbitral válida. Los Herederos de Sulu apelaron esta decisión ante el Supremo neerlandés.
En un comunicado, la ministra de Justicia de Malasia, Azalina Othman Said, reivindica la victoria e informa de que la decisión del tribunal “definitiva y vinculante” ha desestimado por completo la apelación.
En su sentencia, el Tribunal Supremo ha declarado que las reclamaciones presentadas por los demandantes no pueden dar lugar a la anulación de la decisión de 27 de junio de 2023 y han desestimando íntegramente el recurso de los demandantes condenándolos al pago de las costas del procedimiento.
Según el comunicado de Azalina: “Como resultado, los demandantes no podrán embargar activos malayos en los Países Bajos y la decisión de hoy tendrá un gran impacto en cualquier intento de ejecución posterior e ilegítimo por parte de los demandantes y sus financiadores en otras jurisdicciones.”
El conflicto: Herederos del Sultán de Sulu v. Malasia
La disputa se remonta a 1878, año en que el Sultán de Sulu y dos particulares británicos firmaron un acuerdo para el arrendamiento a perpetuidad de la explotación de los recursos naturales (entonces, perlas, nidos de pájaro y madera) de ciertos territorios del norte de la isla de Borneo e islas adyacentes. Territorios, que entonces formaban parte del Imperio español, hoy forman parte de Malasia. El precio del arrendamiento se fijó en 5.000 pesos filipinos.
Durante décadas, los arrendatarios continuaron pagando anualmente el precio del contrato conforme a lo pactado: primero los dos comerciantes británicos, posteriormente la compañía North Borneo Trading Company, hasta su quiebra en 1946, momento en que la Corona Británica se convirtió en la arrendataria y, finalmente, en 1963 Malasia comenzó a pagar las cantidades debidas tras adquirir su independencia de la Corona británica.
Tras el descubrimiento de nuevos recursos naturales como el petróleo y el gas en las décadas de los 80 y los 90 y el comienzo de su explotación por Malasia, los Herederos intentaron solicitar renegociaciones al contrato, pero Malasia nunca aceptó.
Posteriormente, en 2013, Malasia dejó de pagar el arrendamiento anual conforme al contrato.
El 28 de febrero se dictó en París el laudo del arbitraje entre los Herederos del Sultán de Sulu y Malasia. El árbitro español encargado del procedimiento, Gonzalo Stampa, concluyó que Malasia incumplió el contrato firmado en 1878 y le condenó al pago de 14.920 millones de dólares.
Malasia no participó en el arbitraje manteniendo que el proceso era ilegal.
Asimismo, el árbitro declaró resuelto el contrato de 1878 y concluyó que los demandantes tenían derecho a recuperar el valor de restitución de los derechos de explotación arrendados en virtud del contrato de 1878 y de la Escritura de Confirmación de 1903, con un interés pre-laudo del 3,96% anual, a partir del 1 de enero de 2013 hasta 2044.
