Real Hearing. Tan real como en el tribunal


El abogado de los Herederos del Sultán de Sulu habla abiertamente del arbitraje mantenido con Malasia y de las diferentes etapas que se han seguido en tribunales españoles. Paul Cohen (4-5 Gray’s Inn Square Chambers) apela a que: “Esto no es un asunto penal, es una controversia comercial. Lo que se necesita es la Ley de Arbitraje española.” Para Cohen, Stampa es la víctima, no es el creador de este problema. Lo único que defendió fue el arbitraje, el proceso, la institución y ese era su trabajo.” Defiende que si se hubiera aplicado la Ley de Arbitraje no se habría llegado a la actual situación.

Los abogados de los Herederos del Sultán de Sulu esperan que los tribunales de París reconozcan el laudo dictado. Paul Cohen explica que su mayor paso está en Francia, donde se dará la decisión final y “allí Malasia tiene una posición muy difícil”. En relación a los plazos: “Me imagino que a finales de este año o principios del próximo tendremos una decisión al respecto. Nada inminente en absoluto.”

El abogado no esconde su perplejidad ante la situación producida en los tribunales españoles con el reconocido abogado y árbitro Gonzalo Stampa y se pregunta: “Para qué España tiene una Ley de Arbitraje si se recurre al código penal para tratar este asunto”.

En diciembre de 2023, el Juzgado de lo Penal Nº 31 de Madrid sentenció que Gonzalo Stampa, árbitro que dictó un laudo en febrero de 2022 por el que el Estado de Malasia debía resarcir con 14.900 millones a los Heredereros del Sultán de Sulu, era culpable de desacato, por desobediencia a la autoridad al continuar con el arbitraje tras ser anulado su nombramiento por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en junio de 2021. La condena impuesta fueron seis meses de cárcel e inhabilitación durante un año para ejercer como árbitro.

Las sentencias cruzadas en este complicado caso provocan, cuando menos, desconcierto. La de junio de 2021 que estima la nulidad del emplazamiento de Malasia y los sucesivos actos procesales incluido el nombramiento de Stampa (el árbitro fue designado mediante sorteo como árbitro siguiendo a una Sentencia que así lo referenciaba de marzo de 2019). Otra sentencia, esta vez de 1 de diciembre de 2022, que desestima la solicitud de Malasia de declarar nulo el laudo final: Malasia argumentaba que el laudo fue “[…] dictado por quien carece de la condición de árbitro al haberse anulado su nombramiento por esta misma Sala que lo designó […].” A lo que el tribunal alegó que “estando archivada la presente causa, a consecuencia del desistimiento aprobado por la Sala, en Auto de fecha 12 de abril de 2022, nada tenía que manifestar ni informar.”

Para Cohen, el sector del arbitraje español debería estar preocupado ante una situación que califica como “única”. El abogado inglés reconoce que se trata de un asunto excepcional pero matiza que: “Esta circunstancia podría producirse de nuevo y ¿actuarán los tribunales españoles de la misma manera?”.

El inicio del arbitraje

Cohen explica que: “El fiscal general malasio me escribió y también a Stampa en septiembre y en octubre de 2019 diciéndonos que estaban interesados en cerrar el caso rápidamente. Que lo olvidáramos. Que impugnaban la jurisdicción en el caso del árbitro y de los tribunales españoles.”

En octubre de 2019, Malasia no se presentó y Stampa archivó el caso. Sin embargo, más adelante, el 25 de octubre de 2019, según información documentada en el Laudo Final de 28 de febrero de 2022 (párrafo 14): “la Demandada comunicó al Árbitro y a las Demandantes el nombramiento del Dr. Arias y del Sr. Capiel como sus Abogados en este arbitraje, entre otras cuestiones. La Orden Procesal 7 tomó nota del nombramiento de los Abogados de la Demandada e invitó a la Demandada a presentar en este procedimiento su carta de representación a favor de sus Abogados, Dr. David Arias y Sr. Luis Capiel, antes del 12 de noviembre de 2019. El Sr. Capiel, en su representación, acusó recibo de la Orden Procesal 7 mediante correo electrónico de fecha 7 de noviembre de 2019, enviado a las 18:45 horas (hora de Madrid), con copia a las Demandantes.”

Entonces, según las palabras de Cohen, Stampa cambió el archivo del procedimiento para dar más tiempo a Malasia. Los abogados Arias y Capiel se retiran del caso menos de un mes después (Párrafo 15, Laudo Final). Stampa contacta a través de correo electrónico con el fiscal general malasio pero fracasa en hacerle cumplir los plazos. Cuestión que ratifica Cohen: “Algo que nos frustraba sobremanera, Stampa mantiene tiempos extra para la declaración sobre la defensa, producción de documentos… lo que fuera.” El 1 de diciembre de 2019, entra en el procedimiento la firma Uría & Menéndez con el siguiente documento: Legal opinion issued on December 1, 2019 by Uria & Menendez to Respondent “…en relación con cuestiones procesales de derecho español en la demanda presentada en España por los autoproclamados sucesores en título del Sultán de Sulu… contra el Gobierno de Malasia…” En noviembre de 2020, el árbitro informó de una comunicación ex parte y pidió a Malasia que confirmara si la firma Uría (Madrid) podía ser considerada como sus abogados en el arbitraje. No obtuvo respuesta (párrafo 82. Laudo Final).

De la conversación con el abogado inglés trasciende que se añadieron dos años extra al procedimiento debidos a la pandemia de Covid19 y a la insistencia del árbitro: “Fue un caso difícil incluso para nosotros. Nos alegramos, después de la extraña sentencia de 2021 -Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29.06.2021 por la que se estima la nulidad del emplazamiento del Estado de Malasia y, por tanto, todos los sucesivos actos procesales de este procedimiento- con la decisión de Stampa de mantenerse en el mandato, con la decisión de trasladar la sede a Francia y con el laudo final dictado, mayormente, no del todo, a nuestro favor.”

En julio de 2021, representantes de Uría entregaron a Gonzalo Stampa un acta notarial con la Sentencia de 29 de junio y una solicitud de la demandada “de poner fin inmediatamente” al procedimiento de arbitraje (párrafo 110, Laudo Final).

Para Cohen, el sistema en España ha fallado

El abogado se pregunta si el problema ha sido impuesto por Malasia, por el sistema o por el Gobierno: “¿Esto ocurre normalmente en España? Estamos de acuerdo en que es una circunstancia inusual, pero está ocurriendo. Este es el único procedimiento que tenemos aquí y tiene una especie de efecto nuclear por dos razones: Una, lo que ocurrió en 2021 fue terriblemente irregular, ante esto ¿se puede arbitrar de manera segura en España? Y dos, el doctor Stampa ha sido condenado por atenerse a sus principios como árbitro, eso no es un crimen. No debería serlo. Nadie le acusó ni le condenó de ser corrupto, fraudulento o de ir más allá de su mandato como árbitro.”

Para Cohen lo único que hizo Stampa, hasta ahora, fue definir su papel como árbitro y por alguna razón en España se ha querido parar el procedimiento. “El caso es extraordinario. Quizá no vuelva a ocurrir nunca más, pero ¿por qué ha ocurrido esta vez? ¿Por qué este caso parece amenazar a España? Tras la sentencia de 2021, la decisión fue parar el proceso, la tenacidad de Gonzalo Stampa produjo la reacción histérica del Gobierno y quisieron convertirlo en un criminal.”

De nuevo, la sentencia de junio de 2021. Para el abogado de los Herederos de Sulu la situación generada es “grotesca”. El hecho de estimar la nulidad de la notificación dos años después diciendo que se llamó a la puerta equivocada causa “indefensión real”. Cohen se pregunta: “¿Esa es la base? ¿Todo se ha hecho mal porque se entregó hace dos años? Es una broma. ¿Por qué nadie le pregunta al Gobierno? ¿Por qué no hacerles saber que cometieron un error? Ha habido varias decisiones para mantener este caso lejos de la Ley de arbitraje y, si hubiera sido aplicada, no estaríamos aquí.”

En las Sentencias de junio de 2021 y de diciembre de 2022…

Resaltamos algunos párrafos del Voto Particular del magistrado Jesús María Santos Vijande junto a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1 de diciembre de 2022. El Estado de Malasia solicitaba que “se declare que el Laudo Final, de 28 de febrero de 2022 dictado por el abogado Dr. Gonzalo Stampa en el arbitraje ad hoc promovido por Virginia y otros contra Malasia es jurídicamente inexistente como laudo arbitral, al haber sido dictado por quien carece de la condición de árbitro al haberse anulado su nombramiento por esta misma Sala que lo designó, y dicte asimismo todos los pronunciamientos que considere procedentes”. Para Santos Vijande:

Párrafo 14: “[…] a mi juicio, la pretensión del Estado de Malasia no encuentra el menor fundamento en nuestras leyes procesales, que no solo rigen el arbitraje que se ha ventilado, tal y como recuerda el Estado de Malasia, sino que, antes que eso, rigen el ámbito de nuestro propio enjuiciamiento. Debo abundar aquí en los argumentos que ya anticipé -a ellos de nuevo me remito- en mi voto particular al Auto de 12 de abril de 2022, aprobando el desistimiento solicitado por ambas partes y el consiguiente archivo con carácter firme de la presente causa.”

Párrafo 18: “[…] no existe ninguna causa abierta impugnando el único Laudo dictado por el Sr. Stampa en España, que ha devenido firme, sin que el patente transcurso del plazo de caducidad de la acción de anulación permita presentar una nueva demanda en tal sentido.”

En el Párrafo 18, el magistrado hace referencia a la Ley de Arbitraje al explicar que: “Baste mencionar el apartado IV de la Exposición de Motivos de la Ley de Arbitraje cuando dice:
“Debe destacarse, además, que el juez no está llamado en este procedimiento –nombramiento de árbitros- a realizar, ni de oficio ni a instancia de parte, un control de validez del convenio arbitral o una verificación de la arbitrabilidad de la controversia, lo que, de permitirse, ralentizaría indebidamente la designación y vaciaría de contenido la regla de que son los árbitros los llamados a pronunciarse, en primer término, sobre su propia competencia. Por ello, el juez sólo debe desestimar la petición de nombramiento de árbitros en el caso excepcional de inexistencia de convenio arbitral, esto es, cuando prima facie pueda estimar que realmente no existe un convenio arbitral; pero el juez no está llamado en este procedimiento a realizar un control de los requisitos de validez del convenio.”

Y da claridad al aseverar en el Párrafo 23: “Que el nombramiento del árbitro se anuló por la decisión mayoritaria de esta Sala, sí; que el árbitro siguió actuando pese a esa anulación, también; que la consecuencia lógica de esa anulación era anular lo actuado por el Árbitro por falta de competencia e infracción del orden público, posiblemente; pero lo que esta Sala no puede hacer –por mucho que una Parte lo pretenda- y no hace es subvertir o alterar el ámbito propio de los cauces procesales y emitir un pronunciamiento impropio y extemporáneo en una causa archivada con carácter firme (art. 207 LEC), al margen del proceso de anulación del Laudo Parcial donde tal fallo hubiera sido posible y pertinente, pero que fue sobreseído sin que las Partes recurriesen su archivo.”

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29.06.2021 por la que se estima el incidente de nulidad del emplazamiento del Estado de Malasia y todos los sucesivos actos procesales y se anula todo lo actuado desde el emplazamiento, “acordando que se practique el mencionado emplazamiento por medio del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España quien, a su vez, lo deberá remitir a la Embajada de España en Malasia, para que ésta a su vez entregue el emplazamiento al Ministerio de Asuntos Exteriores de Malasia. Emplazamiento que deberá ir acompañado de las respectivas traducciones previstas en el artículo 25 de la LCJI.” Para, Santos Vijande:

Párrafo 41. “no puedo en absoluto mantener que se ha producido una indefensión real y efectiva de la parte demandada; antes al contrario, lo que el Auto mayoritario da por bueno es el comportamiento desidioso de quien, teniendo perfecto conocimiento de la causa e incluso habiendo participado -como veremos- en el arbitraje que se ha desarrollado bajo la dirección del Sr. Árbitro nombrado por este Tribunal, pretende ahora, muchos meses después, articular un incidente de nulidad de actuaciones que resulta de todo punto inadmisible por extemporáneo, de acuerdo con los mis. 241 LOPJ y 228 LEC.” Añade, en el párrafo 42, que: “[…] Ese plazo de caducidad ha de aplicarse con arreglo a los mismos parámetros sea cual fuere el justiciable que pretenda suscitar el incidente: un Estado soberano o cualquier persona o entidad, física o jurídica, pública o privada; si, explícita o tácitamente, no se actúa conforme a esta elemental premisa se contravienen, entiendo, las leyes procesales del Estado soberano que es el Reino de España y, en el caso que nos ocupa, significa, además, contrariar injustificadamente la fuerza de cosa juzgada de nuestra Sentencia de 29 de marzo de 2019, de nombramiento de árbitro, con la consiguiente vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de quienes en su día interesaron y obtuvieron de manera firme el nombramiento de Árbitro por esta Sala..”

Párrafo 46: “En la peor de las hipótesis para el Estado de Malasia, éste no pudo desconocer la existencia de la demanda de nombramiento de árbitro en nuestro procedimiento 4/2018, notificada a través de su Embajada en los términos a que alude el presente Auto: no hay duda de que dicha notificación fue formalmente incorrecta; ahora bien, una cosa es esa quiebra formal, y otra que se pueda invocar un desconocimiento con virtualidad anulatoria sobre la base de un mero formalismo. Hay obligación, sí, de notificar correctamente; pero el demandando que tiene conocimiento de una causa de nombramiento de árbitro, deja pasar casi dos años para, incluso en contra de sus propios actos, postular la nulidad del prístino proceso judicial, ni ha sufrido la menor indefensión material, ni está actuando con buena fe, pudiendo plantearse incluso la existencia de un litigar temerario al interponer el presente incidente de nulidad.”

Y en el párrafo 55: “[…] pretender que concurre una indefensión que no es constitucionalmente relevante porque resulta imputable, ante todo y sobre todo, a su desidia procesal: no me refiero ahora, a la acreditada extemporaneidad en la interposición del incidente de nulidad, sino, antes aún, al hecho de haber permitido que discurriera sin la menor oposición el proceso de nombramiento de árbitro cuando, conociendo de su existencia, le asistía la carga de poner de relieve el defecto formal en la notificación; defecto formal que ahora se trata de convertir en causa de nulidad, con un formalismo, este sí, enervante, vedado por la doctrina constitucional.”

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