El Corporate Europe Observatory ha publicado el informe “Conquering EU courts?” que acusa a las grandes corporaciones de hacer lobby para obtener nuevos privilegios legales. El informe hace referencia directamente al tribunal que impulsa la Unión Europea con el ánimo de cambiar el sistema actual de arbitraje de inversiones y se refiere a este proceso como: “exclusivamente para corporaciones que pueden hacer que los gobiernos europeos paguen ingentes sumas de dinero como compensación por la regulación sobre la protección de trabajadores, consumidores y medioambiente”.
El Corporate Europe Observatory es un grupo de investigación que, según su página web, trabaja para exponer y cuestionar el acceso privilegiado y la influencia de la que gozan las empresas y sus grupos de presión en la elaboración de las políticas de la Unión Europea.
“Las empresas quieren un sistema de justicia paralelo sólo para ellas”, destacan en el documento que describe la principal demanda de las grandes empresas en “un nuevo sistema de resolución de litigios entre inversores y Estados de la UE que permita a la industria evitar los tribunales nacionales de los Estados miembros.”
Sobre la sentencia Achmea
La repercusión de la sentencia Achmea sirve a los autores del informe para acusar a los grandes despachos y a los árbitros de tribunales internacionales de buscar un gran negocio: “Al imposibilitar los arbitrajes de los tratados de inversión intracomunitarios en el futuro, la sentencia Achmea frenó de forma significativa el negocio de la floreciente industria del arbitraje”, explican.
El informe, que habla de la amenaza que supone el actual sistema de resolución de disputas inversor – Estado, así como de los nuevos obstáculos legales y financieros para la regulación del interés público, describe así el nuevo Tribunal Multilateral de Inversiones de la UE: “Hay indicios preocupantes de que la próxima propuesta de la Comisión Europea para las inversiones transfronterizas de la UE podría establecer un tribunal especial para las grandes empresas, que podría obligar a los gobiernos de la Unión a pagar por las regulaciones que protegen a los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente. Tales disposiciones podrían, en última instancia, desalentar e impedir que los gobiernos regulen en beneficio del interés público.”
Y culmina explicando: “A pesar de haber sufrido tantas derrotas, parece que los superderechos de los inversores del ISDS vuelven con fuerza. Si la campaña del lobby empresarial tiene éxito, un sistema de ISDS en toda la UE podría dar un gran impulso a la estrategia de décadas de las grandes empresas de socavar la democracia y favorecer los enormes beneficios empresariales, con un coste sustancial para el público. Pero si es derrotado por una alianza de la sociedad civil que lucha por una Europa mejor, podría significar el fin de las empresas que utilizan su propio sistema de justicia paralelo para demandar a los gobiernos por tener la audacia de legislar en interés público.”
Consultar el informe: Conquering EU courts?
