El grupo español Keralty ha iniciado una disputa penal en Colombia contra la intervención de sus operaciones en el país. En entrevista a medios colombianos, el representante legal de Keralty, Juan David Riveros, que denuncia expropiación indirecta, ha informado de que recurrirán a un arbitraje de inversiones y preparan la notificación de intención que enviarán al Gobierno colombiano en dos-tres semanas.
La Superintendencia Nacional de Salud colombiana intervino la Entidad Promotora de Salud (EPS) Sanitas, propiedad de Keralty, por un año. El 4 de abril desde la cuenta de Twitter de la Presidencia de Colombia se informó de que:
“La intervención administrativa de la @Supersalud a EPS Sanitas es una medida preventiva en la que se toma posesión de sus bienes y negocios a nivel nacional. El propósito es evitar la inminente liquidación y salvaguardar la salud de los colombianos, reconociéndola como un derecho fundamental y no como un negocio.”
A su vez, el superintendente Luis Carlos Leal manifestó que: “Es una intervención forzosa para poder tomar el control administrativo y corregir algunos de los errores administrativos que venían al interior de esta EPS y poder garantizar y proteger el servicio y la salud de todas las personas en todo el territorio nacional”, así lo comunicaba desde la cuenta de Facebook de la Superintendencia Nacional de Salud.
Para Juan David Riveros, en entrevista para Blu Radio, explicó que están considerando sus opciones a nivel doméstico e internacional en lo que consideran una expropiación indirecta y aseguró que están preparando una demanda internacional de arbitraje de inversiones. Riveros también denuncia la suspensión de la asamblea de de accionistas calificándola de ilegal.
“En el marco de los tratados de protección de la inversión extranjera en Colombia que resulten aplicables se iniciarán demandas o procesos que busquen restablecer esa protección de la inversión en el escenario internacional”, informó Riveros. Aludió al tratado internacional firmado con España y posiblemente a otros, y a que presentarán la notificación de intención de arbitraje en dos o tres semanas para demandar los perjuicios a sus inversionistas.
En comunicado, de 4 de abril de 2024, enviado por Keralty, el grupo rechaza “enérgica y contundentemente la intervención arbitraria de nuestra EPS por considerarla improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria.”
