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En el ámbito de la encuesta realizada por CIAR Global a 50 profesionales del arbitraje internacional para determinar los hechos más relevantes de 2018 algunos de los profesionales consultados sugirieron el Protocolo de Ciberseguridad para el Arbitraje Internacional (Cybersecurity Protocol for International Arbitration draft) como uno de los temas a tener en cuenta.

Reconociendo la necesidad relacionada con las medidas de ciberseguridad para proteger los intercambios de información en los procedimientos de arbitraje, el Consejo Internacional para el Arbitraje Comercial (ICCA), el Instituto Internacional para la Prevención y Resolución de Conflictos (CPR) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York establecieron un Grupo de trabajo sobre ciberseguridad en el arbitraje.

Este Grupo de Trabajo publicó en 2018 un borrador de Protocolo de Ciberseguridad para el Arbitraje Internacional que sometió a consulta pública finalizada el 31 de diciembre de 2018.

Para Camilo Narváez, miembro del Consejo Directivo de la Red Juvenil de Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá: “Una de las ventajas renombradas en el Arbitraje Internacional, es la posibilidad que tienen las partes de mantener la confidencialidad del proceso y la información intercambiada en el mismo. Pero, ¿cómo se garantiza la seguridad de la información de un proceso, por ejemplo, por parte de una institución arbitral para que no ocurran hechos como el presunto ataque a los servidores de la Corte Permanente de Arbitraje en julio del año 2015?

Durante 2018 se presentó una propuesta muy interesante que destacó como un hito importante para el arbitraje Internacional. Se trata del borrador de Protocolo de ciberseguridad para el Arbitraje Internacional publicado por el grupo de trabajo conformado por ICCA, NYC-Bar y CPR.

La guía de este proyecto no tiene como propósito ofrecer medidas de seguridad para que sean incluidas en pactos arbitrales u ordenes procesales. Por el contrario, el Protocolo sugiere un marco procedimental para desarrollar medidas específicas de ciberseguridad que variarán y se deberán adaptar a las complejidades en cada caso arbitral en concreto, en función de una multiplicidad de factores.”

Mauricio Duarte, asociado en QIL +4 Abogados (Guatemala), en el área de arbitraje, litigios, energía y técnología, explica en relación con el mismo tema que: “El protocolo busca proveer lineamientos para la protección de documentos e información confidencial en los procesos arbitrales que se encuentren en formatos digitales. Esto surge luego del ataque al sistema de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA). El 2019 representará el año en donde se discutirá, aún más, el documento propuesto para emitir una normativa internacional de soft law.”

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