España ha visto reducida la demanda de 1.900 millones de euros del grupo de inversores The PV Investors a 91 millones de euros, en un arbitraje UNCITRAL que se ha alargado durante ocho años, y en el que el tribunal ha tenido en cuenta los laudos de arbitrajes ya resueltos.
En 2011, un grupo de inversores de instalaciones de energías renovables de Dinamarca, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Holanda y Reino Unido interpusieron el primero de los arbitraje de inversiones contra España por las renovables.
Lo hicieron bajo el nombre de The PV Investors. La demanda pretendida era la más cuantiosa de las interpuestas contra el país hasta el momento: un total de 1.900 millones de euros (2.200 millones de US dólares). Finalmente, el 28 de febrero de 2020 se conoció el resultado de este arbitraje que redujo los daños que tiene que enfrentar España a 91 millones de dólares.
La importancia de este procedimiento recae en la reducción del quantum, respecto a la que el tribunal encargado del arbitraje, formado por Gabrielle Kaufmann-Kohler (presidenta), Charles N. Brower (designado por los demandantes) y Bernardo Sepúlveda Amor (designado por la demandada), asume las tesis de España en el sentido de “rentabilidad razonable”.
El arbitraje ha sido administrado por la Corte Permanente de Arbitraje, bajo normas de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
En la conclusión, el tribunal explica que España vulneró el artículo 10, apartado 1, del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) con las reformas energéticas que se sucedieron entre 2010 y 2014, pero manifiesta que no fueron desproporcionadas dado que el gobierno optaba por un modelo que fuera sostenible y reconoció el derecho de las empresas a recibir una compensación justa. El tribunal también niega la falta de transparencia del Gobierno que los demandantes reclamaban como violación del TCE.
Respecto a los costos del arbitraje (cerca de 2,5 millones de euros), el tribunal decide que sean asumidos en partes iguales por las partes; y que cada parte asuma los honorarios legales y otros gastos en los que incurrió en fases como la prejurisdiccional y la de responsabilidad y cuantía.
Han representado a España la Abogacía General del Estado –Antolín Fernández Antuña lideró la audiencia final sobre responsabilidad y daños- y el despacho Herbert Smith Freehills.
Los despachos Allen & Overy LLP y Gibson Dunn & Crutcher LLP han representado a los demandantes.
