El arbitraje de PV Investors contra España se suma a los buenos resultados en los numerosos arbitrajes de inversión iniciados contra España, y que han tenido su origen en las reformas normativas relacionadas con las energía renovables. En relación a este laudo, ya público, hablamos con Antolín Fernández Antuña, lead Counsel de la defensa del Estado en la audiencia final sobre responsabilidad y daños de este arbitraje celebrada en el Palacio de la Paz en La Haya.

  • ¿Qué destacaría del laudo de «The PV Investors v. The Kingdom of Spain»?

Destacaría varios elementos, a grandes rasgos.

  1. En primer lugar, y para enmarcarlo, se trata, con diferencia, de la mayor demanda de inversores extranjeros contra el Reino de España. Probablemente su gran volumen, entre otras circunstancias, haya determinado que el tribunal haya empleado ocho años en resolverlo. Ello implica, por otra parte, que las cuestiones hayan podido ser examinadas de manera muy pormenorizada, y que las argumentaciones de los numerosos laudos dictados previamente hayan podido ser consideradas.
  2. En segundo lugar, en cuanto al resultado final, se trata de una de las mayores reducciones de daños en la historia del arbitraje de inversión, tanto en términos absolutos como relativos.
  3. Y, en tercer lugar, en cuanto a los criterios adoptados, el Tribunal otorga la razón al Reino de España en una de sus principales líneas de defensa: la única expectativa que un inversor extranjero podía tener era la de obtener una rentabilidad razonable de su inversión, conforme a la ley española. La rentabilidad razonable es el elemento clave. Sigue, en este sentido, el mismo criterio contenido en decisiones anteriores en arbitrajes contra España como, por ejemplo, RREEF, BayWa y Stadtwerke, entre otros, aunque cada uno con sus matices y con resultados variables.
  • ¿Algún comentario más sobre el análisis del tribunal?

Adicionalmente, cabe subrayar que el Tribunal incide en varios pasajes en que la garantía que otorgaba la ley era una garantía económica por naturaleza. Y que, por ello, ha tenido que analizar, en primer lugar, el impacto económico de las medidas en disputa, para determinar si se han incumplido o no los estándares de protección de inversiones del Tratado de la Carta de la Energía. Literalmente, señala que la valoración de los daños se encuentra necesariamente vinculada a la razonabilidad, a la proporcionalidad, etc. De hecho, resulta destacable el exhaustivo análisis financiero contenido en el laudo, que desgrana un modelo conjunto realizado por los peritos expertos de ambas partes a petición del Tribunal, en el que se estudian y valoran múltiples variables económicas y fiscales, determinantes del resultado final, como indica el laudo.

  • ¿Algo que añadir sobre los resultados en los arbitrajes de las renovables?

La gran labor de equipo en la defensa del Estado, por parte de todos los agentes implicados, que ha culminado en este resultado, y que se suma a los anteriores. A la fecha, una vez pasado el ecuador en términos de volumen de reclamaciones resueltas (y pendientes de los procedimientos de anulación), de la información pública sobre todos los arbitrajes se aprecia que los daños reclamados por los inversores extranjeros se han reducido considerablemente en su gran mayoría, habiendo ganado varios casos en su totalidad en responsabilidad, y siendo la rentabilidad razonable defendida por España el criterio preponderante de las decisiones de los tribunales internacionales en estos arbitrajes de inversión interpuestos por los inversores extranjeros contra el país.

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