El contexto político en América Latina será clave para entender el arbitraje de inversiones relacionado en este año. La inestabilidad política y el desencuentro social vivido en algunos países puede marcar el desarrollo y la posible puesta en marcha de arbitrajes de inversión y disputas internacionales que se definirán en este 2020, incluidos los arbitrajes en que ambas partes son latinoamericanas.
Así opina Alejandro Garcia (Clyde & Co.) para el que: “las consecuencias de la inestabilidad en términos sociales y políticos en la región durante 2019, especialmente durante la última parte de dicho año, tendrá un efecto importante en disputas internacionales (muchas de ellas a ser resueltas mediante el arbitraje internacional)”. Garcia hace alusión a la “crisis social” en Chile que “está dando lugar a disputas internacionales, especialmente en relación con los daños sufridos por particulares a raíz de la ola de violencia en el país.”
“¿Hacia dónde avanza el derecho internacional: restauración del multilateralismo o agudización del unilateralismo? ¿Se reforzará o se atacará la legitimidad del arbitraje?” Aníbal Sabater
De la misma opinión es Aníbal Sabater (Chaffetz Lindsey) para el que el contexto político, incluido el Brexit y elecciones en Estados Unidos, junto al referéndum sobre posible cambio constitucional en Chile, cambio de gobierno en Bolivia, situación en Venezuela, etc. marcarán 2020. Sabater se pregunta: “¿Hacia dónde avanza el derecho internacional: restauración del multilateralismo o agudización del unilateralismo? ¿Se reforzará o se atacará la legitimidad del arbitraje?”
Para la abogada Laura Lozano (Freshfields Bruckhaus Deringer Madrid): “El foco de inestabilidad política y social de Iberoamérica (incluyendo la delicada situación sufrida en Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador, etc.) hará que muchos inversores se planteen iniciar arbitrajes de inversión contra estados iberoamericanos.” Lozano, además, destaca el registro en 2019 de varios casos en los que ambas partes eran de la región como ejemplo: “Gustavo Maeso Lando c. Venezuela” o el de “Latin American Regional Aviation Holding c. Uruguay“. Para la abogada, este tipo de arbitrajes crecerán.
En relación con el caso de Panamá, este país tampoco es ajeno a estos movimientos en torno al arbitraje de inversiones, según Juan Pablo Fábrega (Fábrega Molino): “Se anticipa el incremento de procesos arbitrales, sobre todo, en los que será parte el Estado.” Y aclará en relación al funcionamiento del arbitraje en Panamá que: “los laudos arbitrales son objeto de recurso de nulidad ante la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, conformada por los Presidentes de la Sala Civil, la Sala Penal y la Sala Contencioso Administrativa, que son las tres salas, de tres magistrados cada una, que conforman la Corte Suprema de Justicia. Se acaban de nombrar, a partir del 1 de enero de este año, nuevos magistrados por un período de 10 años. Dichos nombramientos no anticipan variaciones en las decisiones y corrientes establecidas por la Sala Cuarta.”
