La Corte Suprema de los Estados Unidos ha rechazado la petición del abogado Steven Donziger y de dos ciudadanos ecuatorianos que solicitaban la revisión de una sentencia de agosto de 2016 de una Corte de Nueva York, en la que se rechazó la apelación presentada en el conocido como Caso Rico.
En marzo de 2014 un juez concluyó que la decisión de la Corte ecuatoriana de Sucumbíos, dictada en 2013 en relación con los daños ambientales causados en la Amazonia y que favorecía a las comunidades indígenas con un pago de 9.500 millones de dólares, fue obtenida de forma fraudulenta.
la decisión no surte efectos fuera de los Estados Unidos, ni invalida la sentencia de la corte ecuatoriana que obliga a la petrolera a indemnizar por la afectación ecológica ocasionada.
El Gobierno ecuatoriano, a través de un comunicado, considera que esta decisión del tribunal estadounidense de negar la petición de Donziger y de dos ciudadanos ecuatorianos, no surte efectos fuera de los Estados Unidos, ni invalida la sentencia de la corte ecuatoriana que obliga a la petrolera a indemnizar por la afectación ecológica ocasionada. Además, considera que tampoco afecta en el arbitraje que aún mantienen con Chevron.
En el comunicado también se explica que el rechazo “no significa por sí misma una confirmación de las decisiones de las cortes inferiores, si no que la Corte ha concluido que el caso no amerita el uso de los limitados recursos de la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos solamente concede este tipo de solicitudes en un 2% de los casos que se presentan al año, por lo que no es raro que este sea uno de los casos rechazados.”
Arbitraje Chevron III
Los afectados en el arbitraje con Chevron -provincias de Orellana y Sucumbíos- esperaron dos décadas hasta obtener una sentencia que les daba la razón y obligaba a Chevron a indemnizarles por los graves daños ambientales sufridos (centenares de pozos petroleros filtraron el líquido y causaron el que muchos califican como el mayor desastre ambiental mundial). La esperada sentencia se dictó en 2013. En ese momento se iniciaron las acciones de cobro en otros países, impulsadas por el rechazo a cumplir con la sentencia de la petrolera.
Chevron debía pagar 9.500 millones de dólares por la contaminación producida por Texaco durante las décadas de los 70 y 80
Chevron presentó una demanda de arbitraje en 2009 ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) para que el Estado ecuatoriano asumiera la indemnización del juicio en favor de comunidades amazónicas por daño ambiental -Chevron debía pagar 9.500 millones de dólares por la contaminación producida por Texaco durante las décadas de los 70 y 80-. El tribunal de la CPA consideró que Ecuador no podía reclamar a Chevron por derechos colectivos vulnerados (ver El Comercio: “Ecuador pide la nulidad en el caso Chevron III“).
En 2014, Steven Donziger, abogado estadounidense defensor de las comunidades indígenas de Ecuador contra Chevron Corporation, fue acusado por el Tribunal de Nueva York de violar la Ley RICO de lucha contra la mafia y el crimen organizado.
Según comunicado publicado por Chevron los intentos de Donziger de hacer cumplir el fallo en otras jurisdicciones también han encontrado resistencia.
La compañía explica que en enero de 2017, un tribunal canadiense rechazó el intento de hacer cumplir la sentencia ecuatoriana contra Chevron Canada Limited. La corte resolvió que Chevron Canada Limited es una entidad separada de Chevron Corporation, por lo tanto no es parte de la demanda ecuatoriana ni deudor de la sentencia.
En Brasil se declaró que la sentencia fue “emitida de manera irregular, especialmente bajo deplorables actos de corrupción”.
En Argentina y Brasil se emitieron dictámenes en abril de 2016 y mayo de 2015, respectivamente, contra el reconocimiento de la sentencia ecuatoriana. En Brasil se declaró que la sentencia fue “emitida de manera irregular, especialmente bajo deplorables actos de corrupción”.
En diciembre de 2015, la Corte Suprema de Gibraltar emitió una sentencia contra Amazonia Recovery Ltd., compañía con sede en Gibraltar creada por Donziger para, según la comunicación de Chevron, recibir y distribuir los fondos resultantes de la sentencia ecuatoriana. Se otorgó a Chevron 28 millones de dólares en daños y perjuicios y se emitió una orden judicial permanente contra Amazonia, impidiendo que la compañía asistiera o apoyara el caso contra Chevron de cualquier manera.
