La Corte de Apelaciones del Décimo Circuito ha confirmado la decisión de un Tribunal de Colorado (EE.UU.) que reconocía el laudo de 36 millones de dólares más intereses otorgado a favor de la Compañía de Inversiones Mercantiles (Cimsa) y en contra de la mexicana Grupo de Cementos de Chihuahua (GCC).

En abril de 2019, el juez del Distrito de Colorado John L. Kane rechazó los argumentos de GCC de que el laudo no era exigible debido a los procedimientos de anulación en Bolivia y reconoció el laudo a favor de la boliviana Cimsa.

GCC frente al arbitraje

En octubre de 2018, GCC dijo que el Tribunal del Distrito de Colorado, ante el que Cimsa presentó la solicitud de confirmación del laudo, carecía de jurisdicción, por lo que debería ser dirimido en México.

En su informe de “Resultados del Primer Trimestre de 2015”, GCC consideraba que la emisión del laudo era contraria a la legislación boliviana y al derecho internacional. También informaba de la presentación de un recurso de anulación en contra del laudo parcial que se encontraba pendiente de resolver ante las cortes bolivianas, y de la apelación ante las cortes bolivianas del laudo final.

En el mismo contexto, GCC obtuvo una resolución de medidas cautelares ante las cortes mexicanas para que Cimsa se abstuviera de ejecutar cualquier laudo emitido en el arbitraje hasta la resolución del recurso de anulación pendiente.

El origen del arbitraje

El conflicto se remonta a 2011, cuando Cimsa inició un arbitraje contra la compañía mexicana Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) por la venta de sus acciones en la Sociedad Boliviana de Cemento, Soboce (mayor cementera boliviana), a Consorcio Cemento del Sur de Perú.

Cimsa alegaba que poseían un acuerdo de compra con preferencia a favor de los socios bolivianos, mientras que GCC mantenía que la oferta realizada por la boliviana sobre el paquete de acciones no cumplía lo establecido en el acuerdo de accionistas.

El arbitraje finalizó en abril de 2015 condenando a GCC al pago de $36.1 millones de dólares por concepto de daños y gastos a favor de Cimsa.

Tribunal del arbitraje

El tribunal estuvo formado por el español Juan Fernández-Armesto (presidente designado por los árbitros de las partes), el boliviano Fernando Salazar-Paredes (árbitro designado por los demandantes) y el colombiano Eduardo Zuleta (árbitro designado por la demandada).

Despachos y abogados implicados

De parte de la demandante:

  • Bernardo Cremades Jr., – B. Cremades & Asociados.
  • Samuel J. Doria Medina Auza y María Luisa Doria Medina de Guamán – CIMSA.
  • Javier Jiménez Gutiérrez y Mark H. O’Donoghue – Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle S.C.
  • Gonzalo Mendieta Romero y Marcela Rada Arispe – Mendieta, Romero & Asociados.

De parte de la demandada:

  • Manuel Antonio Milán Reyes y Sergio Sáenz – Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C. V. GCC Latinoamérica, S.A. de C. V.
  • Ramiro Guevara y Jorge Luis Inchauste – Guevara & Gutiérrez S. C.
  • José Astigarraga, Eduardo J. De la Peña Bernal y Cristina Cárdenas – Astigarraga Davis Mullins & Grossman, P.A.
  • Luis Alejandro Salinas Vilela – Asesoramiento Jurídico Integral.

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