El pasado 1 de octubre de 2018, la compañía mexicana Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) dijo que el Tribunal del Distrito de Colorado, ante el que la firma boliviana Compañía de Inversiones Mercantiles SA (Cimsa) ha presentado la solicitud de confirmación de un laudo de 36,1 millones de dólares, carece de jurisdicción.

GCC alega que Cimsa no ha demostrado que el caso tenga relación con Estados Unidos, por lo que debería ser dirimido en México (ver “Mexican Cement Co. Says Colo. Court Can’t OK $36M Award“, Darcy Redan, 02.10.2018).

En 2015, un tribunal de arbitraje condenó al grupo mexicano Cementos de Chihuahua al pago de 36,1 millones de dólares por concepto de daños y gastos a favor de Cimsa.

El conflicto se remonta a 2011, cuando Cimsa inició un arbitraje contra la compañía mexicana Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) por la venta de sus acciones, en la Sociedad Boliviana de Cemento (mayor cementera boliviana), a Consorcio Cemento del Sur de Perú.

Cimsa está siendo representada por Fox Rothschild Llp-Denver y Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP.

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