La negativa de Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) a afrontar el pago de 36 millones de dólares más intereses contemplados en el laudo arbitral otorgado a Compañía de Inversiones Mercantiles (Cimsa) y que fue reconocido a finales de marzo por un Tribunal de Colorado (EE.UU.) ha provocado esta última se plantee solicitar el embargo de las propiedades de la mexicana ante autoridades estadounidenses.
A pesar de que el arbitraje todavía sigue siendo objeto de una acción de anulación en Bolivia, el juez del Distrito de Colorado John L. Kane rechazó los argumentos de GCC de que el laudo no era exigible debido a los procedimientos de anulación en Bolivia y reconoció el laudo a favor de la boliviana Cimsa.
Ahora, según diversas fuentes en prensa, ante la negativa de GCC de cumplir con el laudo, Cimsa perseguirá cobrar su indemnización en los tribunales estadounidenses (ver “Cementos de Chihuahua sería embargada por venta de acciones al Grupo Gloria“, Diario Gestión, 14.04.2019).
En octubre de 2018, GCC dijo que el Tribunal del Distrito de Colorado, ante el que Cimsa presentó la solicitud de confirmación del laudo, carecía de jurisdicción, por lo que debería ser dirimido en México (ver “Mexican Cement Co. Says Colo. Court Can’t OK $36M Award“, Darcy Redan, 02.10.2018).
Acciones de GCC en México
En su informe de “Resultados del Primer Trimestre de 2015”, GCC consideraba que la emisión del laudo era contraria a la legislación boliviana y al derecho internacional. También informaba de la presentación de un recurso de anulación en contra del laudo parcial que se encontraba pendiente de resolver ante las cortes bolivianas, y de la apelación ante las cortes bolivianas del laudo final.
En el mismo contexto, GCC obtuvo una resolución de medidas cautelares ante las cortes mexicanas para que Cimsa se abstuviera de ejecutar cualquier laudo emitido en el arbitraje hasta la resolución del recurso de anulación pendiente.
El origen del arbitraje
El conflicto se remonta a 2011, cuando Cimsa inició un arbitraje contra la compañía mexicana Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) por la venta de sus acciones en la Sociedad Boliviana de Cemento, Soboce (mayor cementera boliviana), a Consorcio Cemento del Sur de Perú.
Cimsa alegaba que poseían un acuerdo de compra con preferencia a favor de los socios bolivianos, mientras que GCC mantenía que la oferta realizada por la boliviana sobre el paquete de acciones no cumplía lo establecido en el acuerdo de accionistas.
El arbitraje finalizó en abril de 2015 condenando a GCC al pago de $36.1 millones de dólares por concepto de daños y gastos a favor de Cimsa.
