A través de un comunicado, el Gobierno de Ecuador ha anunciado que “apelará la decisión de la Corte de La Haya que desestimó el pedido de anulación que el Estado ecuatoriano presentó respecto a varios laudos arbitrales dictados por el Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje que conoce la demanda presentada por Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company contra el país, por un supuesto fraude judicial ocurrido en el juicio que condenó a la petrolera a una indemnización para reparar la contaminación causada durante los años de operación de Texaco en el país.”
El Procurador General del Estado, Diego García Carrión, resaltó el claro error de los jueces holandeses al rechazar argumentos sólidos como la imposibilidad de aplicar retroactivamente el Tratado internacional o para admitir que contra su propia normativa un Estado puede intervenir en las decisiones judiciales.
En la publicación se explica que “Ecuador presentó los pedidos de anulación, respecto de los laudos de jurisdicción, parcial e interinos por los cuales el Tribunal consideró que tenía competencia para conocer el caso a pesar de que no existía inversión al momento de la vigencia del TBI, y otros en los que se ordenó al Ecuador a tomar acciones para que la sentencia del juicio ambiental no sea ejecutada. Todavía el Tribunal Arbitral no se ha pronunciado sobre el fondo de la pretensión de Chevron, decisión que aún está pendiente y que se sigue en un proceso diferente al de la anulación.
Los argumentos de Ecuador se centraron en la obvia incompetencia del Tribunal que se consideró facultado para conocer la demanda arbitral en razón de que el Tratado Bilateral suscrito con Estados Unidos, que es el único instrumento que podría otorgar jurisdicción al Tribunal, entró en vigencia en 1997, es decir cinco años después de que Texaco abandonara el país.”
En el comunicado, además se pone de manifiesto que “Los laudos además atentan contra el orden público de Ecuador, en razón de que a través de ellos se ordena que el propio gobierno ecuatoriano sea el que desconozca una sentencia válidamente emitida por sus cortes, impidiendo además así que cualquier análisis sobre la legalidad de dicha sentencia pueda ser practicado por las cortes ecuatorianas. En razón de ello, en su momento la defensa del Estado ecuatoriano explicó al Tribunal arbitral la imposibilidad de acatar los laudos arbitrales porque hacerlo estaría contra su orden público.”
Asimismo, señala que “el Procurador General rechazó las declaraciones de Chevron efectuadas en torno a esta decisión, mismas que realzan la supuesta legitimidad de los laudos arbitrales, cuando aún no se han agotado las instancias de revisión ante las Cortes Holandesas y equivocadamente anuncian una victoria en el laudo definitivo a ser dictado en el proceso arbitral en curso.”
Finaliza el comunicado indicando que “debe tomarse en cuenta que el tribunal arbitral en su última decisión se ha alejado de los argumentos de Chevron, ya que consideró, en marzo de 2015, ya declaró que no existió impedimento para la presentación de la demanda ambiental contra la compañía por parte de los litigantes de Lago Agrio. Todo ello, permite colegir que el Tribunal Arbitral está examinando cuidadosamente los argumentos de Ecuador antes de pronunciarse, sin que quepa atribuirse ningún triunfo por parte de Chevron.”
