Dos nuevos tribunales de arbitraje han sido formados en los arbitrajes entre Inversiones Continental y Honduras y Watkins Holdings y España, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
En el arbitraje entre Inversiones Continental y Honduras el Tribunal ha sido constituido por el argentino y español Raúl E. Vinuesa (presidente), la española Carmen Núñez-Lagos, designada por la demandante; y la estadounidense Lucinda A. Low, designada por la demandada.
Raúl E. Vinuesa ha intervenido en 20 arbitrajes CIADI más: dos como presidente, doce como coárbitro y el resto como counsel de una de las partes. Entre los procedimientos están: MCI Power-Ecuador, Anglo American-Venezuela, Berkowitz-Costa Rica, Emilio Agustín Maffezini-España o Enel Green Power-Ecuador.
Carmen Núñez-Lagos ha intervenido en cinco arbitrajes CIADI más, en todos ellos como counsel. Ejemplos son: Gambrinus-Venezuela, Samsung Engineering-Omán o Edenred-Hungría.
Lucinda A. Low ha participado en otros seis procedimientos de arbitraje bajo administración Ciadi, cuatro como presidenta y dos como counsel. Entre ellos: Jochem Bernard Buse; UniCredit-Croacia; Archer Daniels Midland Company and Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc.-México; Corn Products International, Inc-México, o Kuntur Wasi-Perú.
El 30 de octubre de 2018, el CIADI registró la demanda de arbitraje de la compañía panameña Inversiones Continental contra Honduras , invocando el incumplimiento del Tratado de Libre Comercio de América Central – Panamá de 2002 debido a circunstancias que habrían provocado pérdidas financieras para la empresa en 2015.
La defensa de Inversiones Continental está a cargo del despacho B. Cremades & Asociados (España). La Procuraduría General de la República de Honduras cuenta con la firma Dorsey & Whitney (Estados Unidos).
Watkins Holdinsg v. España
En julio de 2020 la Secretaría General de CIADI registró una solicitud de anulación del laudo del arbitraje Watkins Holdings-España (77 millones de euros) interpuesta por el Reino de España y comunicó la suspensión provisional de la ejecución del laudo.
El Comité ad hoc de este procedimiento ha sido constituido por: el singapurense Lawrence Boo, presidente; por la británica y nigeriana Olufunke Adekoya; y por la costarricense Dyalá Jiménez Figueres.
Lawrence Boo ha participado en seis procedimientos CIADI más: en otros dos arbitrajes también como presidente; y el resto como miembro de comités ad hoc en procedimientos de anulación, entre ellos España-NextEra.
Olufunke Adekoya ha participado en cuatro procedimientos CIADI más: en tres como co-árbitro y en Saint Gobain-Venezuela también como miembro de comité en la anulación.
Dyalá Jiménez Figueres, ha intervenido como miembro de comités ad hoc en las anulaciones de otros cuatro arbitrajes, entre ellos: Valores Mundiales y Consorcio Andino-Venezuela y Tenaris y Talta-Venezuela.
Watkins Holdings junto a las españolas Parque Eólico La Boga SL, Northsea Spain SL, Parque Eólico Marmellar SL y Redpier demandaron a España ante CIADI en noviembre de 2015 invocando el incumplimiento del Tratado de la Carta de la Energía.
Los parques eólicos relacionados están situados en la provincia de Burgos. Los demandantes pedían una indemnización de más de 120 millones de euros reclamando su inversión afectada por las reformas energéticas emprendidas por el Gobierno español que redujeron sus expectativas.
El tribunal del arbitraje compuesto por el malasio Cecil W.M. Abraham como presidente, y como coárbitros el australiano Michael C. Pryles (designado por los demandantes) y la francesa Hélène Ruiz Fabri (designada por España) concedió, con Opinión Disidente de Ruiz Fabri, 77 millones de euros más costas (más de 3 millones) a los reclamantes.
España solicitó en diciembre de 2020 a un tribunal estadounidense la suspensión del procedimiento de ejecución presentado por Watkins Holdings alegando que el pago del laudo violaría la ley de la Unión Europea.
