Rusoro Mining ha anunciado que el Tribunal Supremo francés ha restablecido el laudo del arbitraje con Venezuela que asciende a alrededor de 1.580 millones de US dólares, después de que la Corte de Apelaciones de París lo anulara parcialmente.
La minera canadiense Rusoro anunció la semana pasada que el Tribunal Supremo francés, la Cour de Cassation, revocó la decisión del Tribunal de Apelación de París que había anulado, a principios de 2019, parcialmente la indemnización en daños y perjuicios del laudo dictado a favor de la Compañía.
En el comunicado hecho público por la compañía, Andre Agapov, director general de Rusoro, señala que “esta decisión restablece el laudo arbitral en su totalidad y permitirá a la empresa seguir persiguiendo enérgicamente el reconocimiento y la ejecución del laudo, cuyo valor es actualmente de aproximadamente 1.580 millones de dólares”.
Rusoro tiene la intención de buscar todas las opciones disponibles para cobrar el laudo restablecido u obtener de otro modo una compensación justa por la expropiación ilegal de sus inversiones en Venezuela.
En agosto de 2016 un tribunal de arbitraje, constituido bajo administración del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dio la razón a la minera canadiense. En 2019, la Corte de Apelaciones de París confirmó la decisión del tribunal en cuanto a la responsabilidad de Venezuela en la expropiación ilegal de las inversiones de Rusoro, pero anuló la concesión del Laudo sobre la condena en daños.
El conflicto entre la canadiense Rusoro y Venezuela se originó en 2011, cuando la República Bolivariana asumió la explotación de las minas de oro del país a través de Minerven, empresa estatal. Rusoro, que disponía de varios yacimientos en el sureste del país acusó a Venezuela de expropiación y registró la demanda de arbitraje ante CIADI el 1 de agosto de 2012.
El tribunal del arbitraje, constituido en enero de 2013, lo formaron el español Juan Fernández-Armesto (presidente designado por las partes), el chileno Francisco Orrego Vicuña (designado por el demandante) y el austro-germano Bruno Simma. Para el tribunal, se habían incumplido las obligaciones en virtud del Tratado Bilateral de Inversión entre Canadá y Venezuela. El país sudamericano presentó la anulación del laudo ante la Corte de Apelaciones de París, alegando que el tribunal se excedió en el alcance de su autoridad al conceder daños a Rusoro Mining.
La representación de Rusoro en el arbitraje fue conducida por Figueiras & Fishbach (Caracas), Freshfields Bruckhaus Deringer (Washington) y Mezgravis & Asociados(Caracas). Foley Hoag (Washington) asesoró a Venezuela.
