El tribunal del arbitraje de inversiones de la compañía estadounidense IBT Group contra Panamá ya ha sido formado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). La española Deva Villanúa es presidenta, el argentino-portugués Guido Santiago Tawil, coárbitro designado por la demandante, y la argentina Mónica Pinto, designada por la demandada.

Para la abogada Deva Villanúa Gómez, presidenta designada por las partes, se trata del tercer arbitraje CIADI en el que interviene; el segundo como presidente. En los registros de CIADI se contempla su intervención en el arbitraje Air Canadá-Venezuela y South32-Colombia.

Para Guido Santiago Tawil es el treceavo procedimiento en el que interviene como co-árbitro. Pac Ric Cayman-Peru, Opic Karimum-Venezuela, Highbury International-Venezuela, Eutelsat-México (pendiente), Metro de Lima-Perú y South32-Colombia son otros de sus arbitrajes.

Para Mónica Pinto éste es el sexto procedimiento CIADI después de los de Perenco-Ecuador, Dan Cake-Hungría, Italba-Uruguay, y Global Telecom Holding-Canadá, en los que ha sido miembro del Comité de anulación, y del de JGC Holdings Corporation-España, en el que se desempeña como coárbitro.

El arbitraje IBT Group-Panamá

La construcción de una cárcel de mujeres puede estar en el centro del arbitraje. En mayo de 2020, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas dio la razón al Ministerio de Gobernación (Mingob) panameño en un recurso interpuesto por la empresa IBT ante desacuerdos en la fecha de expiración de la fianza del proyecto de construcción del nuevo centro de rehabilitación para mujeres de Pacora que se adjudicó en 2017 por más de 26 millones de dólares.

El tribunal inhabilitó a la compañía para suscribir contratos públicos durante un período de tres años.

Según un comunicado de la estadounidense, el cambio de ubicación del proyecto era una de las razones de IBT para el retraso que propuso tres terrenos alternativos, a lo que el Mingob respondió con la proposición de una cuarta parcela que la constructora rechazó por suponer mayores costes.

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