Se ha hecho público el nombramiento de la empresa PKF Attest Servicios Profesionales SL como empresa liquidadora de la sociedad Mazacruz, propiedad de la familia Larios. Comienza por tanto la liquidación de la sociedad tras ser condenada a su disolución en un laudo arbitral del año 2017, en el que también se estableció que, ya en aquel momento, la sociedad tenía un valor de 615 millones de euros.
La sociedad Mazacruz aglutina un valioso patrimonio en sus sociedades filiales que ahora tendrá que liquidarse, como una finca de 10.000 hectáreas y el palacio de Albacete, millones de metros cuadrados, un centro comercial y edificios en las mejores zonas de Málaga, casas en la Granja de San Ildefonso, Madrid, recursos cinegéticos u obras de arte.
En el largo tiempo que ha transcurrido, desde que se dictó el laudo hasta que la empresa PKF ha sido designada para liquidar la sociedad, se han dado toda clase de vicisitudes en los tribunales, como la anulación del laudo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la posterior intervención del Tribunal Constitucional para anular aquella sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y dar nuevamente validez al laudo que ahora, mediante la liquidación en marcha, se va a cumplir.
La decisión del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional cargó contra el control judicial que ejerció el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulando el laudo arbitral en equidad por no estar suficientemente motivado.
El TC consideró que la decisión impugnada era “irrazonable” y vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y recordó el respeto a la autonomía de las partes que han decidido acudir a arbitraje y, por tanto, la mínima intervención del órgano jurisdiccional.
