Una sentencia del Tribunal Constitucional español refuerza la figura del arbitraje en España y carga contra el control judicial que ejerció el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulando un laudo arbitral en equidad por no estar suficientemente motivado. La sentencia puede suponer el abandono de los criterios judiciales aplicados sobre el control judicial del laudo arbitral que tanta crítica suscitaban entre la comunidad arbitral.

El Tribunal considera que: “la decisión impugnada es, cuando menos, irrazonable y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión”; y que “resulta vulnerador del art. 24 CE, por manifiesta irrazonabilidad, extender la noción de orden público como motivo de anulación del laudo, más allá de los límites definidos por los derechos fundamentales, así como que le está vedado al órgano judicial revisar la prueba realizada por los árbitros o la valoración de la misma.”

El TC recuerda el respeto a la autonomía de las partes que han decidido acudir a arbitraje y, por tanto, la mínima intervención del órgano jurisdiccional.

sólo a aquel laudo que sea irrazonable, arbitrario o haya incurrido en error patente podrá imputársele un defecto de motivación vulnerador

Dice la sentencia en uno de sus párrafos: “no cabe duda de que la operación de enjuiciamiento de la motivación de ambos tipos de resoluciones debe valerse de parecidos criterios, de modo que se puede afirmar que sólo a aquel laudo que sea irrazonable, arbitrario o haya incurrido en error patente podrá imputársele un defecto de motivación vulnerador del art. 37.4 LA (y reiteramos, no del art. 24.1 CE).”

Determinado lo inadecuado de la motivación de la resolución del TSJM impugnada reconoce: “el derecho de las recurrentes a la tutela judicial efectiva sin indefensión” y anula la sentencia de 8 de enero de 2018, para que se proceda a dictar una nueva resolución “respetuosa con el derecho fundamental vulnerado”.

Sobre el arbitraje de equidad

“Además, hay que poner de manifiesto, especialmente para supuestos como el ahora enjuiciado, que cuando las partes se someten a un arbitraje de equidad, aunque ello no excluya necesariamente la posibilidad de que los árbitros refuercen “su saber y entender” con conocimientos jurídicos, pueden prescindir de las normas jurídicas y recurrir a un razonamiento diferente al que se desprende de su aplicación, porque lo que se resuelve ex aequo et bono debe ser decidido por consideraciones relativas a lo justo o equitativo. Y aquí también debe quedar meridianamente claro que es el tribunal arbitral el único legitimado para optar por la solución que considere más justa y equitativa, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, incluso si tal solución es incompatible con la que resultaría de la aplicación de las normas del derecho material. El canon de motivación, en este caso, es más tenue, si bien es imprescindible que se plasmen en el laudo los fundamentos -no necesariamente jurídicos- que permitan conocer cuáles son las razones, incluso sucintamente expuestas, por las que el árbitro se ha inclinado por una de las posiciones opuestas de los litigantes.”

La decisión del TSJM sobrepasa los límites constitucionales

El TC es claro reprobando al TSJM el sobrepaso de los límites constitucionales al entrar en el fondo del asunto: “este Tribunal entiende que la decisión del órgano judicial de anular el laudo por insuficiente motivación (art. 37 LA), fue contraria al canon constitucional de razonabilidad de las resoluciones judiciales (art. 24.1 CE), conclusión que se refuerza además por el comportamiento de la Sala, que entró en el fondo del asunto sobrepasando los límites constitucionales del deber de motivación y congruencia.”

Y carga de nuevo contra la actuación del TSJM en la revisión probatoria tachándola de: “auténtica mutación de la acción de anulación” del laudo, que, sigue: “es un remedio extremo y excepcional que no puede fundarse en infracciones puramente formales, sino que debe servir únicamente para remediar situaciones de indefensión efectiva y real o vulneraciones de derechos fundamentales o salvaguardar el orden público español”.

Cerca de dos años para esta sentencia

El recurso de amparo fue presentado en julio de 2018 por Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff y sus dos hijas, representadas por el bufete B. Cremades & Asociados, contra el auto de 22 de mayo de 2018 y contra la sentencia 1/2018, de 8 de enero de 2018, ambos de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la anulación del laudo del arbitraje mantenido con Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios y Altuna y Mazacruz, S.L.

El recurso se basaba en que como marco jurídico, tras un laudo arbitral la ley permite que una de las dos partes, o las dos, presenten un recurso de nulidad ante los Tribunales Superiores de Justicia. Los TSJ entran a valorarlos como si las sentencias fueran revisables y no fueran decisiones finales.

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