La lucha por el laudo del arbitraje entre Dominicana Renovables, filial de la española Solesfero, y la República Dominicana por un contrato de concesión de un parque eólico sigue en tribunales estadounidenses con la presentación de una petición, por parte del país, para que la corte no rechace la decisión del tribunal de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

La República Dominicana presentó un escrito el 20 de julio de 2021 argumentando que el razonamiento del tribunal del arbitraje con Dominicana Renovables creado en el seno de la CCI en relación con la reclamación por lucro cesante de la compañía de energía está suficientemente razonado, por lo que el tribunal no debe rechazar la decisión porque la empresa no esté de acuerdo con el resultado.

República Dominicana argumentó, además, que la compañía eólica presentó sus objeciones demasiado tarde (así lo recoge la publicación Law360 en “DR Says $287.6M Wind Farm Claim Was Rightly Denied“, 21.07.2021), y el registro del caso ante la Corte de Distrito de un Tribunal de Florida del martes pasado muestra la presentación, por parte de la República Dominicana, de un Memorando de ley en apoyo de su oposición a la petición de los solicitantes.

El arbitraje y la decisión del tribunal

El tribunal de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) -formado por Stanimir Alexandrov (presidente), Óscar Garibaldi (designado por la demandante) y Juan Pablo Cárdenas (designado por la demandada)- declaró en mayo responsable a la República Dominicana del incumplimiento del contrato sobre la concesión a la compañía española Dominicana Renovables para operar un complejo de energía eólica; pero sólo concedió los gastos incurridos irrecuperables, algo más de 2M$ de los cerca de 288M$ reclamados. La española busca reabrir el procedimiento ante tribunales estadounidenses buscando que se le conceda el lucro cesante.

El laudo es contundente a favor de la española explicando que el tribunal: “no puede pasar por alto la conducta deliberada de incumplimiento del Estado dominicano y la ausencia de buena fe durante el proceso de negociación del Contrato PPA” y condena a la República Dominicana a afrontar todos los gastos administrativos y el 10% de los honorarios incurridos por Dominicana Renovables en la defensa del caso, además de los intereses desde enero de 2018.

 

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