En referencia al cumplimiento de las obligaciones asumidas en la concesión, en el laudo, el tribunal pone en duda la buena gestión de AGBA, como ejemplo el siguiente párrafo: “En la Memoria Anual y Estados Contables de 2004 (CU-31) y 2005 (CU-31, RA- 269), AGBA determinó que la colocación de medidores provocó un incremento en la facturación. Esto significa que en ese momento se descubrieron los beneficios del consumo medido, lo cual demuestra la racionalidad de las obligaciones contractuales, pero también dice mucho respecto de la calidad de la gestión de AGBA.”
El tribunal del arbitraje está formado por el suizo Andreas Bucher (presidente), el neozelandés Campbell Alan McLachlan y el estadounidense Pedro J. Martínez-Fraga. Las demandantes españolas han estado representadas por Jones Day, Madrid.
La crisis económica que se inició a mediados de 2001 “culminó con las medidas de emergencia adoptadas en enero de 2002, entre ellas, la conversión 1 a 1 de dólares estadounidenses a pesos, a pesar de que, para entonces, el valor del peso se había depreciado más de dos tercios.” AGBA pidió en reiteradas ocasiones que se “determinaran nuevamente las tarifas y se llevara a cabo una revisión exhaustiva de la Concesión”. Por su parte, la defensa argentina alegó que las dificultadas enfrentadas por la concesión se debieron a “una gestión deficiente por parte de AGBA y de sus accionistas”, tal y como se indica en “Argentina ganó en el Ciadi un reclamo millonario de empresas españolas”, fuente: télam.
En julio de 2006 la Provincia rescinde la Concesión de AGBA.
