Un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) ha decidido rechazar la solicitud de España de anular el laudo de más de 33 millones de euros a favor de las compañías inversoras europeas en energías renovables CUBE y Demeter.
La compañía luxemburguesa CUBE y la francesa Demeter obtuvieron el laudo a su favor en julio de 2019. De los más de 63 millones demandados, el tribunal, formado por el británico Vaughan Lowe (presidente designado por las partes), el australiano James Spigelman, designado por las demandantes, y el alemán Christian Tomuschat, designado por la demandada, les concedió un poco más de la mitad.
España, en una de las numerosas solicitude de anulación de un laudo relacionado con los arbitraje de las renovables y presentado en CIADI, ha perdido, de nuevo, su intento. Esta misma semana informábamos del rechazo de un comité ad hoc en la solicitud de anular el laudo de la compañía holandesa NextEra.
La decisión del tribunal ad hoc constituido por: la holandesa Jacomijn van Haersolte-van Hof, presidente; el guatelmalteco Álvaro Castellanos Howell; y el irlandés y estadounidense Timothy Feighery, concluye que los árbitros estaban autorizados por la legislación de la Unión Europea a tomar esa decisión (ver “Solar Investors’ €34M Award Against Spain Upheld By ICSID“, Caleb Simons, Law360, 30.03.2022).
Las compañías inversoras tienen ahora vía libre para reclamar el cumplimiento del laudo ante tribunales estadounidenses. De hecho, así lo han estado haciendo. En enero de este año los inversores argumentaron, en una presentación ante un tribunal del distrito de Columbia (EE.UU.), que España intentaba zafarse del cumplimiento y de la obligación adquirida en el convenio arbitral.
A finales de diciembre, España alegaba ante el mismo tribunal que el laudo concedido a las demandantes no se podía aplicar, apoyándose en sentencias de la Unión Europea y en otros precedentes, y porque el tribunal federal estadounidense carecía de competencia sobre el caso.
Este arbitraje forma parte de la larga lista de controversias de inversiones presentadas en CIADI por numerosas empresas reclamando el daño a su inversión por las reformas energéticas impulsadas por el Gobierno español entre 2010 y 2014, que acabaron con ciertos incentivos que habían estado disfrutando las compañías, y que afectaron a sus inversiones en explotaciones renovables.
