Owens-Illinois Inc. (OI) ha demandado a cuatro compañías estatales Venezuela, entre las que están Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Citgo, para cobrar el laudo de 500 millones de dólares dictado por un tribunal de arbitraje Ciadi en 2015 por la expropiación de dos plantas en 2010.
La demanda fue presentada el 11 de febrero ante un tribunal del estado estadounidense de Delaware, y pretende que las compañías asuman el laudo.
El 2 de abril de 2016, Owens-Illinois anunció que el comité de anulación nombrado por el Ciadi dictaminó que la subsidiaria de la Compañía (Owens Illinois European Group) tenía libertad para buscar la ejecución del laudo arbitral contra Venezuela. OI anunció su intención de adoptar medidas apropiadas para hacer cumplir el laudo ejecutable en los 150 Estados miembros de la Convención Ciadi.
El tribunal determinó que Venezuela violó sus obligaciones en virtud de un tratado de inversión de 1991 con los Países Bajos.
Utilización de Citgo para hacer cumplir otros arbitrajes
No es la primera vez que se utiliza a Citgo para hacer cumplir un arbitraje.
En julio de 2018 la petrolera estadounidense ConocoPhillips perseguía que la estatal venezolana Pdvsa cumpliera con el laudo que la condenaba al pago de más de 2 billones de dólares por la nacionalización de dos proyectos petrolíferos en 2017 a través de Citgo Petroleum, refinería propiedad de Pdvsa con actividad en Estados Unidos.
Un juez de un tribunal estadounidense decidió en esa fecha que ConocoPhillips podía incluir a Citgo en su demanda contra Pdvsa por la presunta transferencia de activos en el Caribe.
Owens Illinois en otro procedimiento contra Venezuela
El 16 de marzo, Fábrica de Vidrios Los Andes, C.A. & Owen-Illinois de Venezuela C.A. presentaron un recurso de anulación al laudo emitido por el tribunal del arbitraje “Fábrica de Vidrios Los Andes, C.A. & Owen-Illinois de Venezuela C.A. contra la República Bolivariana de Venezuela” en el que se rechazaba el arbitraje por carecer de jurisdicción respecto a la controversia, ya que se presentó después de que Venezuela denunciara el convenio Ciadi.
El arbitraje se inició el 23 de julio de 2012, con una demanda de 1,03 billones de dólares como indemnización por la expropiación de instalaciones de envases de vidrio en el estado venezolano de Trujillo.
Venezuela argüía irregularidades laborales y medioambientales en detrimento de los recursos naturales e impugnó la jurisdicción del Tribunal sosteniendo que no existió un incumplimiento del TBI.
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