En el marco del arbitraje internacional iniciado por la empresa Enagás Internacional, en 2021, contra Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el Gobierno peruano ha confirmado la asistencia de Silvana América Carrión Ordinola, procuradora pública ad hoc para el caso Odebrecht , como testigo de parte en defensa del Perú.
Las audiencias tendrán lugar en Washington D.C., Estados Unidos, del 28 al 31 de octubre de 2024. En el comunicado, la Administración peruana informa de que Carrión Ordinola participará en la preparación de la audiencia junto al estudio Arnold & Porter, que representa al Estado en este arbitraje, el segundo de la gasística española abierto en CIADI contra Perú.
La compañía energética abrió un nuevo frente ante CIADI con la presentación a finales de 2021 de una segunda demanda de arbitraje de inversiones invocando, al igual que en la demanda registrada en 2018, el Tratado Bilateral de Inversiones España-Perú de 1994.
La posibilidad de que Enagás estuviera implicada en la consecución del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano junto a Odebrecht llevó a la Fiscalía peruana a investigar a la gasística. La situación tomó una complicación más abultada en 2021, cuando el juez encargado del caso incluyó, en la causa para esclarecer si hubo corrupción en la concesión del proyecto, a Jesús Saldaña, director general de Enagás Internacional.
Enagás recibió la noticia de ser incluida como investigada en el caso en julio de 2019. Como consecuencia de ello, Enagás hizo público un comunicado en el que señalaba no haber participado ni tener conocimiento de actos ilícitos relacionados con la concesión del Gasoducto.
Esperado laudo del primer arbitraje
En el primer procedimiento -que tiene como trasfondo la concesión compartida con Odebrecht y Graña y Montero en la construcción del famoso gasoducto peruano GSP- Enagás reclama la recuperación de la inversión realizada en el proyecto (su demanda se eleva a 1.800 millones de euros), alegando que la Administración Peruana no podrá cumplir las obligaciones que establece el contrato para el caso de terminación. El Estado peruano decidió rescindir el contrato el 24 de enero de 2017 por incapacidad del consorcio de obtener fondos necesarios para financiar la construcción del proyecto.
En enero de 2024, la compañía informó de que esperaba el laudo del arbitraje en los siguientes seis meses. La española ha comunicaso su confianza en recuperar la inversión hecha en el proyecto.
El tribunal de este arbitraje lo forman Diego P. Fernández-Arroyo (argentino y español), presidente, designado por acuerdo de las partes; Andrés Jana Linetzky (chileno), nombrado por los demandantes; y Claus von Wobeser (mexicano y alemán), nombrado por la demandada.
